Agronegocios
15/06/2025 - Edición Nº859
Internacionales
Alianzas ideológicas
Cristina Fernández y Luisa González: el relato del lawfare como escudo frente a la Justicia
14/06/2025 | Mientras Cristina enfrenta procesos por corrupción, ambas apelan al discurso de persecución para erosionar la credibilidad institucional.
Cristina Fernández de Kirchner junto a Luisa González.
La Corte Suprema de Argentina confirmó recientemente una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner, hallada culpable de administración fraudulenta en la causa Vialidad. En vez de asumir responsabilidad o impulsar un debate institucional, la exmandataria insistió en una narrativa de persecución política orquestada por el poder judicial y los medios de comunicación.
Luisa González, dirigente destacada del correísmo ecuatoriano, visitó a Fernández en Buenos Aires para manifestarle su respaldo. En sus declaraciones, calificó la condena como parte de una nueva ofensiva contra el progresismo regional, evocando incluso al "Plan Cóndor". Este paralelismo histórico, carente de base fáctica, apunta a victimizar políticamente a figuras condenadas en sede judicial.
De la solidaridad política al debilitamiento institucional
González no enfrenta cargos penales, pero al adoptar un discurso que niega la legitimidad de las instituciones judiciales argentinas, promueve un clima de sospecha sistemática hacia el Estado de derecho. Esta actitud, aunque eficaz para consolidar apoyos partidarios, mina la credibilidad de los organismos encargados de garantizar justicia y transparencia.
Equiparar investigaciones judiciales con conspiraciones internacionales es un recurso cada vez más frecuente entre líderes latinoamericanos con vínculos ideológicos. La reiteración de este discurso reduce el debate público a una lógica de trincheras, donde toda sanción judicial es persecución y toda denuncia es manipulación.
Luisa Magdalena González Alcívar es una abogada y política ecuatoriana que se desempeñó en diversos cargos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.
El riesgo de banalizar el lawfare
El término "lawfare" describe el uso indebido del sistema legal para fines políticos, y ha sido denunciado legítimamente en varios contextos. Sin embargo, su empleo indiscriminado por parte de figuras condenadas o investigadas debilita su verdadero significado. En lugar de proteger a víctimas de persecución, se convierte en un manto de impunidad.
Cuando no se distingue entre justicia politizada y justicia legítima, se socava la confianza pública en las instituciones. Este fenómeno afecta a toda la región: de Rafael Correa a Evo Morales, pasando por Lula da Silva, el uso del lawfare como herramienta discursiva se ha convertido en una defensa automática frente a cualquier imputación.
Progresismo y ética pública: una encrucijada
El progresismo latinoamericano debe decidir si su futuro está vinculado a la defensa irrestricta de sus figuras históricas, aun cuando estas enfrenten acusaciones serias, o si dará un paso hacia una ética pública renovada. La integridad democrática no se construye desde la negación, sino desde la transparencia y la rendición de cuentas.
Blindar a líderes acusados en nombre de una causa común solo perpetúa el cinismo social y la desconfianza en la política. Si se desea fortalecer la democracia en la región, el compromiso debe estar con la verdad y la justicia, no con lealtades personales ni con relatos de conveniencia.
