27/07/2025 - Edición Nº901

Internacionales

Crisis boliviana

Bolivia: el Defensor del Pueblo pide una tregua humanitaria tras cinco muertes por bloqueos

16/06/2025 | El país suma días de caos, muertos y rutas cortadas. Mientras crecen los disturbios, el Estado busca acuerdos y la oposición exige elecciones con Evo Morales.



La tensión social en Bolivia ha escalado con rapidez. A doce días del inicio de los bloqueos convocados por sectores afines a Evo Morales, el saldo es dramático: cinco muertos -cuatro policías y un civil-, decenas de heridos, y regiones enteras paralizadas por cortes de ruta y escasez de productos esenciales. La violencia se ha concentrado especialmente en los departamentos de Potosí y Cochabamba, donde se han producido los enfrentamientos más graves.

Frente a esta escalada, Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, propuso establecer una tregua humanitaria con carácter inmediato. Su objetivo es garantizar el acceso a la salud, la alimentación y la libre circulación, derechos fundamentales que hoy están seriamente comprometidos por la radicalización del conflicto.

Escalada de violencia

Los bloqueos comenzaron como una protesta contra la decisión del Tribunal Constitucional que inhabilitó a Evo Morales como candidato presidencial. La consigna "Sin Evo no hay elecciones" se volvió un lema de los cortes, que ya afectan al menos cinco departamentos del país con más de 14 puntos de obstrucción en rutas estratégicas.

En Llallagua (Potosí), los enfrentamientos más intensos dejaron muertos y graves daños materiales. Se reportaron saqueos a comercios, ataques a ambulancias y vehículos incendiados. Civiles armados con piedras, palos y alambres de púas controlan el paso, mientras que el Gobierno desplegó militares y fuerzas especiales para intentar restablecer el orden.

El rol del Defensor del Pueblo

Pedro Callisaya llamó a instalar una mesa de diálogo en Huanuni, una localidad cercana al epicentro del conflicto. Según su propuesta, la tregua humanitaria permitiría la circulación de insumos médicos, alimentos y combustibles, bajo el compromiso de ambos sectores de cesar momentáneamente las hostilidades.

El Defensor subrayó que los bloqueos deben respetar los marcos legales y que el uso de la fuerza estatal debe ajustarse a los estándares internacionales en derechos humanos. También expresó preocupación por el impacto que esta crisis tiene sobre las comunidades más vulnerables.

Posición del gobierno

El presidente Luis Arce mantiene su posición de respaldar la institucionalidad y la resolución judicial que impide la postulación de Morales. Al mismo tiempo, su gobierno considera solicitar la presencia de organismos internacionales como la ONU y la CIDH, para supervisar posibles violaciones a los derechos humanos y reducir tensiones con sectores movilizados.

Desde el Ministerio de Gobierno se confirmó que las Fuerzas Armadas continuarán operativos en rutas estratégicas, mientras se intentan abrir corredores humanitarios. Sin embargo, los cortes se mantienen y el riesgo de nuevos enfrentamientos es alto.

Un conflicto más amplio

Aunque los bloqueos comenzaron como una respuesta a la inhabilitación de Morales, se entrecruzan con una crisis económica creciente. Bolivia enfrenta falta de divisas, inflación y desabastecimiento, lo que ha sumado al conflicto a gremios, campesinos y sectores urbanos que también reclaman por la situación económica.

La oposición acusa a Arce de perder el control del país y de haber roto definitivamente con su antiguo aliado Evo Morales. En paralelo, exige que se respete la independencia de la justicia, pero denuncia que las elecciones de agosto podrían desarrollarse en un clima de violencia y represión.

¿Llegará la paz? 

El pedido del Defensor del Pueblo aparece como un intento de evitar que el país se desborde en una espiral de violencia sin retorno. La tregua humanitaria propuesta no resolverá el conflicto político, pero podría brindar un respiro vital a los civiles atrapados entre barricadas, escasez y represión.

A menos de dos meses de las elecciones, Bolivia enfrenta un dilema de gobernabilidad, legitimidad y estabilidad. La respuesta del oficialismo y la disposición al diálogo de los sectores movilizados marcarán si se abre un camino hacia la paz o si se profundiza el quiebre del sistema democrático.