
El avance judicial sobre las figuras centrales del kirchnerismo sumó este lunes una nueva escena con la entrega de José López, condenado a seis años de prisión por su rol en el direccionamiento de la obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
López, que pidió cumplir la pena bajo arresto domiciliario en su casa de Santa Cruz, se presentó en Comodoro Py tras viajar toda la noche desde Río Gallegos. Su llegada no solo tiene valor procesal, sino también un peso simbólico: fue uno de los funcionarios más vinculados a los escándalos de corrupción del ciclo K, protagonista del ya icónico episodio de los bolsos con dólares en un convento.
El pedido de prisión domiciliaria —similar al que presentó la propia Cristina Kirchner— deberá ser evaluado por el Tribunal Oral Federal 2. Mientras tanto, en los tribunales federales se desplegó un fuerte operativo de seguridad para recibir a los condenados en el caso Vialidad, fallo que se convirtió en un parteaguas político y judicial.
La causa, que ya provocó una fuerte reacción en el peronismo y una ola de respaldos públicos hacia la expresidenta, ahora avanza hacia su fase de ejecución de penas. Aunque todavía restan definiciones de la Corte Suprema sobre algunos recursos, para varios de los involucrados el proceso ya no admite demoras.
Además de López, otros condenados como Nelson Periotti y Raúl Pavesi también solicitaron cumplir la pena en sus domicilios. Sin embargo, el clima que rodea al caso no es solo judicial. Cada nueva detención y cada resolución reviven un debate político que atraviesa a todo el sistema: el vínculo entre poder, impunidad y justicia.
En este nuevo escenario, la situación de Cristina Kirchner —que podría ser exceptuada de presentarse en persona— se vuelve aún más relevante. Aunque no pisa los tribunales, su figura sigue siendo el centro de una tormenta que combina fallos, protestas y discusiones de fondo sobre el Estado de derecho en la Argentina.