
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “profunda preocupación” ante la confirmación de que Cristina Fernández de Kirchner cumplirá prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución.
En una presentación formal ante el Tribunal Oral Federal N.º 2, la Procuración porteña advirtió que la presencia de la ex mandataria en San José y Humberto Primo afectará gravemente la movilidad, la seguridad y la prestación de servicios esenciales en una zona urbana de alta densidad.
El escrito, elevado por instrucciones del jefe de Gobierno Jorge Macri, remarca que el barrio ya comenzó a sufrir “concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y sobrecarga operativa” desde que se conoció la condena judicial.
"Con la instalación de un dispositivo de custodia permanente y la afluencia de manifestantes, la zona podría entrar en un estado de disfunción total”, señalan fuentes del Ejecutivo local.
El documento alerta que la zona propuesta, un cruce neurálgico que vincula avenidas como 9 de Julio, Independencia y Entre Ríos, ya es un punto crítico del tránsito porteño y que la situación se agravará aún más si se autoriza la detención allí.
“La ubicación del inmueble afecta la conectividad de corredores estratégicos de la Ciudad y pone en riesgo el normal funcionamiento de servicios como la recolección de residuos, el paso de ambulancias y el mantenimiento urbano”, advierte la Procuración.
Además, el Gobierno porteño cuestiona que el tribunal a cargo del caso haya solicitado inspecciones solo a organismos federales, sin involucrar a las autoridades locales responsables de la gestión urbana.
“Se trata de una decisión con impactos directos sobre la infraestructura y la seguridad de la Ciudad, que no puede tomarse sin coordinación”, indica el texto.
Otro de los focos de preocupación es la cercanía del domicilio con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que concentra diariamente a miles de estudiantes, docentes y trabajadores.
La Ciudad advierte que un operativo policial permanente afectará el acceso al edificio universitario y alterará de manera significativa la vida académica en el área.
Según el planteo oficial, “Constitución carece de capacidad operativa para sostener una custodia de alto perfil político sin consecuencias negativas para el interés general”.
En ese sentido, remarcan que la figura de Cristina Kirchner, como ex presidenta y dirigente de alta visibilidad, “inevitablemente atraerá manifestaciones tanto de apoyo como de repudio”.
El Gobierno porteño solicita que se impongan condiciones estrictas: horarios regulados para visitas, control de accesos para residentes, y garantías de libre circulación para servicios de emergencia y vecinos.
Por último, la presentación pide a la Justicia que se articulen medidas paliativas junto a las áreas técnicas de los gobiernos nacional y local, con el objetivo de “resguardar el interés público, el orden urbano y la seguridad de todos los ciudadanos”.
FS