Perú reduce el IGV al 14% a partir de 2026 pese a alertas del Fondo Monetario Internacional

El Gobierno de Dina Boluarte oficializó una reforma tributaria que genera tensiones entre el Ejecutivo, los organismos internacionales y diversos sectores económicos. Mediante la Ley Nº 32387, se reducirá progresivamente el porcentaje del Impuesto General a las Ventas (IGV) destinado al Gobierno central del actual 16% al 14% para el año 2029, al tiempo que se incrementará la participación municipal del 2% al 4%. Esta redistribución comenzará en 2026 y busca fortalecer el financiamiento de los municipios mediante el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).

La medida ha sido defendida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que sostiene que no disminuirá la recaudación total del IGV ni afectará la estabilidad macroeconómica. Desde el Ejecutivo argumentan que la reforma permitirá fortalecer la inversión pública a nivel local y descentralizar los recursos hacia gobiernos subnacionales. Sin embargo, los fondos solo podrán ser ejecutados por aquellas municipalidades que cumplan con planes estratégicos y normativas definidas por el MEF y CEPLAN.

Críticas por impacto fiscal y falta de sustento

Distintos exministros de Economía y especialistas tributarios han cuestionado la decisión. El exministro Waldo Mendoza calificó la ley como "la más perjudicial del siglo" por sus implicancias fiscales, mientras que Luis Arias Minaya estimó una pérdida cercana al 1% del PBI anual, equivalente a S/ 10.000 millones. Las críticas apuntan también a la ausencia de estudios técnicos que respalden la sostenibilidad de la reforma.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Fiscal también han expresado preocupaciones. Señalan que una reducción del margen fiscal del Gobierno central podría poner en riesgo el equilibrio presupuestario, dificultar la respuesta ante crisis económicas y afectar la calificación crediticia del país. El FMI sugiere que, sin medidas compensatorias claras, la reforma podría traducirse en un deterioro significativo del resultado fiscal estructural.

El MEF responde con paquete de reformas

Frente a las advertencias, el MEF ha asegurado que trabaja en un nuevo paquete de reformas tributarias para compensar los eventuales impactos de la redistribución del IGV. Este paquete incluiría medidas para mejorar la eficiencia recaudatoria y posibles aumentos selectivos en el IGV o el Impuesto a la Renta.

Además, el Ministerio se comprometió a mantener el déficit fiscal por debajo del 2% del PBI en los próximos años. Desde su perspectiva, el IGV no se reduce en sí mismo, sino que cambia su destino, lo cual no debería afectar la recaudación agregada. No obstante, los críticos consideran que el contexto político y la debilidad institucional podrían hacer inviable una ejecución eficiente del nuevo esquema.

Reacción del Congreso y de gobiernos locales

En el Congreso, la norma fue aprobada con respaldo mayoritario, aunque algunos parlamentarios de la oposición denunciaron que la ley fue impulsada con fines electoralistas, para beneficiar a alcaldes y regiones afines al oficialismo. Otros actores señalaron que el incremento de recursos no garantiza mejoras en la gestión local si no se fortalece el control y la capacidad técnica de las municipalidades.

Por su parte, varios gobiernos locales han celebrado la decisión, especialmente en regiones andinas y amazónicas, donde el financiamiento suele ser escaso. Consideran que el aumento del IPM podría traducirse en mayores obras de infraestructura básica, como agua potable, caminos y centros de salud, aunque admiten que deberán cumplir exigencias administrativas más estrictas para acceder a los recursos.

Perú reduce gradualmente el IGV al 14% a partir de 2026: Gobierno enfrenta el FMI pese a impacto fiscal de S/10.000 millones - Infobae https://t.co/wF6D9zVEZB

— Luis Alberto Arias M (@LAlbertoArias) June 17, 2025

La econonomía primero 

La reducción progresiva del IGV central y el aumento del IPM refleja una apuesta por mayor autonomía financiera de los municipios, algo largamente demandado por el interior del país. Sin embargo, su implementación llega en un momento de fragilidad institucional, bajo crecimiento económico y escasa confianza en las capacidades de gestión regional.

Si bien el discurso del MEF apuesta por una descentralización responsable, la ausencia de un plan integral y la falta de consenso técnico y político plantean dudas sobre su viabilidad. A menos que se acompañe de reformas estructurales en administración tributaria y control del gasto, esta redistribución podría generar más problemas de los que intenta resolver.