Brasil: Jair Bolsonaro denuncia uso político de la Policía Federal tras nuevas acusaciones

Jair Bolsonaro fue señalado nuevamente en una investigación judicial, esta vez por supuestamente haber encabezado una estructura paralela de inteligencia durante su mandato. Sin embargo, desde el entorno del expresidente afirman que se trata de una maniobra política impulsada desde sectores del poder judicial y del actual gobierno para debilitar su imagen y bloquear su retorno a la vida política activa.

La Policía Federal de Brasil envió un informe al Supremo Tribunal Federal donde sugiere que entre 2019 y 2022 existió una red ilegal dentro de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). Más de 30 personas estarían involucradas, entre ellas el concejal Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente, y Alexandre Ramagem, exdirector del organismo. Sin embargo, el documento permanece sellado, sin acceso público, y la defensa de los implicados cuestiona duramente la falta de transparencia del proceso.

Informaciones filtradas y sin pruebas contundentes

El supuesto uso del sistema israelí FirstMile para rastrear dispositivos sin orden judicial ha sido parte central de las filtraciones a la prensa. Pero hasta el momento, no se han presentado evidencias concretas ni registros oficiales que respalden tales afirmaciones. Desde el entorno de Bolsonaro aseguran que el caso está construido sobre deducciones y especulaciones, sin bases jurídicas firmes.

Carlos Bolsonaro, acusado de haber utilizado redes sociales para difundir información obtenida ilegalmente, rechazó las imputaciones y señaló que "no hay ningún delito en ejercer la libertad de expresión y opinar sobre figuras públicas". A su vez, señaló que su padre está siendo objeto de una "cacería judicial sin precedentes".

Inestabilidad en la ABIN y doble vara judicial

Una de las aristas más controvertidas del caso es que Luiz Fernando Corrêa, actual director de la ABIN nombrado por el presidente Lula, también ha sido acusado, en su caso por obstrucción de la investigación. Sin embargo, sigue en funciones. Esto generó fuertes críticas sobre la doble vara del gobierno, que insiste en sostener a sus funcionarios a pesar de las sospechas mientras persigue a figuras de la oposición.

Alexandre Ramagem, actual diputado y cercano a Bolsonaro, también fue señalado como uno de los organizadores del supuesto esquema. Su defensa sostiene que nunca actuó fuera de los marcos legales y que la acusación intenta manchar su carrera política en ascenso.

La Policía acusa a Bolsonaro de espionaje ilegal durante su mandato a través de la agencia de inteligencia brasileña https://t.co/qFvjwpfaG0

— EL ESPAÑOL (@elespanolcom) June 17, 2025

Elecciones y lawfare

El expresidente enfrenta varias causas judiciales desde su salida del gobierno, muchas de ellas sin avances claros. Para sus abogados y simpatizantes, este nuevo caso se enmarca en una estrategia de lawfare, en la que se busca impedir por vía judicial lo que no se puede resolver democráticamente.

La nueva acusación contra Jair Bolsonaro por liderar una red ilegal de inteligencia carece, hasta el momento, de pruebas públicas que la sustenten. El hecho de que el informe siga sellado, sumado a la continuidad de funcionarios del actual gobierno también implicados, refuerza la idea de una persecución selectiva y políticamente motivada.

Lejos de quedar aislado, Bolsonaro mantiene un fuerte respaldo en sectores conservadores y entre militares retirados, y sus voceros aseguran que seguirá activo en la escena pública. El caso, más que debilitarlo, podría convertirse en una bandera de denuncia contra el uso del Estado para silenciar a la oposición.