Ola de violencia y caos institucional sacuden a la Colombia de Gustavo Petro

El asesinato del concejal Juan Camilo Espinoza a manos de menores de edad ha sacudido a Colombia. El hecho no solo evidencia el deterioro de la seguridad urbana, sino también la creciente instrumentalización de la infancia por parte de estructuras criminales. Este crimen, perpetrado en plena vía pública, reveló la incapacidad estatal para contener el fenómeno del sicariato infantil.

La normalización de la violencia como herramienta social deja huellas profundas en una ciudadanía cada vez más temerosa. Las imágenes del atentado circulan en redes como testimonio de un país donde el crimen parece actuar con total impunidad, incluso en zonas urbanas.

Paro armado y desplazamientos masivos

Cerca de 30.000 personas fueron confinadas en Guaviare durante un paro armado impuesto por disidencias de las FARC. La reacción inicial del Gobierno fue negar los hechos, pero posteriormente el propio presidente Gustavo Petro los confirmó. Esta contradicción institucional expuso una preocupante desconexión con la realidad territorial.

El recrudecimiento del conflicto en regiones como el Catatumbo –donde se enfrentan el ELN y facciones disidentes de las FARC– ha provocado el desplazamiento forzado de miles de familias. Colombia ya registra más de 7 millones de desplazados internos, una de las cifras más altas de América Latina.

Reformas bloqueadas y choque entre poderes

Mientras el Congreso aprobaba la reforma laboral, la Corte Constitucional anulaba la pensional por vicios de trámite. Al mismo tiempo, el registrador nacional suspendía la consulta popular promovida por Petro, lo que generó una dura respuesta del presidente, quien calificó el acto de “sedición”.

El enfrentamiento entre poderes evidencia una democracia en tensión, donde las reglas del juego son desafiadas por las propias instituciones. La crispación política es manifiesta y el Estado aparece fragmentado, dividido entre facciones enfrentadas.

Aumento del pesimismo social

Una encuesta reciente muestra que el 89 % de los colombianos cree que el país va por mal camino, mientras que la desaprobación presidencial alcanzó el 71 %. La inseguridad, señalada por el 36 % como principal preocupación, se ha convertido en la mayor inquietud ciudadana.

La marcha en solidaridad con Uribe Turbay se transformó en una protesta antigubernamental, en la que miles de personas exigieron medidas concretas frente a la violencia. Aunque la Iglesia convocó una cumbre con sectores políticos y sociales para desescalar las tensiones, la polarización continúa en aumento.

Colombia en decadencia 

La crisis actual en Colombia combina elementos del pasado –como el conflicto armado y los desplazamientos forzados– con fenómenos emergentes, como la instrumentalización política de las instituciones y la creciente implicación de menores en redes criminales. Este cóctel explosivo amenaza el tejido democrático y pone en riesgo la gobernabilidad.

Colombia se encuentra en una encrucijada: reconstruir el pacto social o sucumbir a una espiral sostenida de violencia. La reacción de la sociedad civil, el comportamiento de los poderes públicos y la capacidad de contener el conflicto armado serán determinantes para definir el rumbo del país en los próximos meses.