Se definió el nuevo tribunal que juzgará a los acusados por la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ingresó en una nueva etapa. Luego de que la Justicia anulara el primer proceso oral por la participación de una de las juezas en un documental sobre el caso, este jueves se sorteó la nueva integración del tribunal que llevará adelante el debate. 

El nuevo órgano que quedó a cargo es el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.º 7 de San Isidro. La designación se realizó mediante un sorteo por bolillero en una audiencia reservada, a la que asistieron fiscales, querellantes y defensores, pero no la prensa ni el público. Las autoridades judiciales alegaron "falta de espacio físico" para explicar la exclusión. Solo Giannina Maradona, una de las hijas del exfutbolista, se presentó en el lugar y esperó fuera de la sala.

El TOC N.º 7, compuesto por Alberto Gaig y Alejandro Lago, fue el elegido en el sorteo principal. Sin embargo, al tratarse de un tribunal que no está plenamente integrado, se realizó una segunda extracción para completar la terna: resultó seleccionado Alberto Ortolani, juez del TOC Nº1, quien actuará como subrogante.

Este nuevo escenario judicial se abrió luego de que el juicio anterior fuera anulado por la Cámara de Apelaciones de San Isidro, tras conocerse que la jueza Julieta Makintach participaba como figura central en un documental sobre la causa. El tráiler del film, difundido antes del inicio del debate, desató una tormenta legal: las defensas plantearon la nulidad por pérdida de imparcialidad y el tribunal revisor dio lugar al planteo.

La causa investiga la responsabilidad penal de ocho profesionales de la salud -entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov- por la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, partido de Tigre.

Maradona había sido operado días antes por un hematoma subdural y se encontraba bajo un sistema de internación domiciliaria que, según los fiscales, presentó fallas graves de coordinación, seguimiento y atención médica.

Los imputados están acusados de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. Para la querella, "dejaron morir a Diego", mientras que las defensas sostienen que no hubo intención ni previsibilidad del desenlace fatal.

LN