
El conflicto armado en Colombia ha entrado en una nueva etapa de complejidad. Las disidencias de las FARC, surgidas tras el acuerdo de paz de 2016, atraviesan una profunda división interna que amenaza la ya frágil estrategia de paz total del presidente Gustavo Petro. Mientras el líder del Estado Mayor Central, Iván Mordisco, ha intensificado los ataques y decretado paros armados, su antiguo aliado Calarcá, ahora cabecilla de la Segunda Marquetalia en Guaviare, ha solicitado reanudar el diálogo con el gobierno.
Durante su visita reciente a San José del Guaviare, Petro insistió en su disposición a retomar las negociaciones con cualquier grupo que respete los principios básicos del proceso. La oferta se produce en medio de un contexto crítico: más de 30.000 personas están confinadas en zonas rurales tras las acciones de Mordisco, incluyendo bloqueos, ataques y restricciones al comercio. La región se encuentra virtualmente paralizada por el paro armado.
La fractura entre Calarcá e Iván Mordisco no es meramente retórica. Ambos grupos se disputan el control territorial y político, particularmente en Guaviare, una zona clave para el narcotráfico y otras economías ilegales. Mordisco ha reforzado su presencia militar y ha adoptado una postura abiertamente hostil frente al Estado, interrumpiendo las negociaciones que alguna vez lideró.
En contraste, Calarcá ha optado por una estrategia política más pragmática. En declaraciones recientes, ha pedido que el gobierno “no los ponga en la misma bolsa” con los grupos que violan los acuerdos básicos de diálogo. Su objetivo, según ha dicho, es “retomar la conversación con dignidad, sin chantajes ni ultimátums”. Esto representa una oportunidad estratégica para Petro, pero también un dilema de legitimidad.
Soldado murió y otro resultó herido tras ataque con drones en Santa Rosa del Sur, Bolívar. El Ejército atribuye el hecho al frente 37 de disidencias Farc. El uniformado Deiver Conde Jiménez falleció por la gravedad de sus heridas. Las operaciones continúan en la zona. pic.twitter.com/6NK3BXSfls
— Notivision PLUS (@NotivisionPLUS) June 19, 2025
Con tan solo 14 meses restantes de mandato, el presidente Petro enfrenta una carrera contrarreloj para consolidar avances concretos en materia de paz. Si bien su administración ha insistido en una política de apertura al diálogo, los constantes retrocesos y ataques armados por parte del EMC han generado una pérdida de credibilidad y apoyo popular. Según encuestas recientes, el 89 % de los colombianos considera que la situación de seguridad ha empeorado.
Frente a este escenario, apostar por el diálogo con Calarcá podría ser una maniobra audaz pero riesgosa. Un eventual acuerdo con esta facción disidente podría enviar un mensaje positivo a nivel internacional, pero también puede ser visto como una concesión débil si no se logra contener simultáneamente el avance violento de Mordisco. El gobierno debe calibrar cuidadosamente sus movimientos para evitar que una negociación con una facción termine debilitando la posición del Estado frente a las otras.
El intento de asesinato de Miguel Uribe no es un hecho aislado: es parte del engranaje criminal de la izquierda. 64 atentados de las FARC lo confirman.
— Jorge Martín Frías (@jm_frias) June 19, 2025
Petro -aplaudido por socialistas y populares en el Congreso de los Diputados- ha devuelto a Colombia a sus horas más oscuras. pic.twitter.com/L8Zjbspm7H
La divergencia entre Mordisco y Calarcá refleja el fracaso del Estado en construir una arquitectura institucional robusta en los territorios históricamente afectados por el conflicto. El vacío de poder, la falta de inversión social sostenida y una estrategia de seguridad intermitente han permitido que actores armados impongan su ley y dividan incluso las propias estructuras disidentes.
Desde el punto de vista político, Petro tiene una oportunidad limitada pero real de mostrar resultados. Apostar por un diálogo segmentado, focalizado en líderes con voluntad política como Calarcá, puede ser una salida táctica viable. Sin embargo, esto debe acompañarse de acciones firmes contra los grupos que insisten en el terror, como el EMC, para evitar que el país perciba esta política como débil o contradictoria. La ventana para lograrlo se reduce cada día más.