El Consejo de la Magistratura avanza con el proceso de remoción del juez federal Marcelo Bailaque

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación dio un paso decisivo en el proceso contra el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque. Por unanimidad, sus miembros aprobaron el dictamen acusatorio elaborado por los consejeros Álvaro González y Alberto Maques, que incluye cargos por extorsión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. A partir de esta resolución, se ordenó la apertura del procedimiento de remoción y suspensión del magistrado.

Este avance no implica aún la salida del juez: será el Plenario del Consejo el que deberá votar si efectivamente se lo envía a juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Durante la audiencia, se incorporó una nota enviada el 13 de junio por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que reclamaron que se priorice el juzgamiento por mal desempeño del juez y solicitaron expresamente que el presidente Javier Milei no acepte su renuncia, para evitar que el proceso se frustre.

Mientras tanto, Bailaque exigió que se produzcan las pruebas que él ofreció, alegando un “estado de indefensión” y advirtiendo que podría acudir a organismos internacionales. Su pedido fue rechazado a mano alzada por la Comisión y el presidente, el senador Luis Juez, afirmó que la presentación “es absolutamente extemporánea e inoportuna”. Con firmeza, Juez remarcó: “Los tiempos de la comisión los maneja la comisión, no el doctor Bailaque ni ninguna otra persona extraña”.

En la misma línea, el diputado Rodolfo Tailhade apoyó el rechazo de la presentación, aunque consideró relevante obtener una evaluación general del contexto en que se desempeñó el juez. En particular, se refirió al pedido de declaración del juez provincial Ariel Ariza, que “probablemente sea muy importante en el ámbito del jurado de enjuiciamiento”.

El consejero informante Álvaro González detalló los elementos que sustentan el dictamen. Explicó que se consolidaron los tres cargos iniciales formulados cuando se notificó al magistrado. “El primer cargo es la relación entre el juez Bailaque y su contador Gabriel Mizzau, vinculado al entorno de Esteban Lindor Alvarado”, lo cual, según González, pudo haber entorpecido una causa judicial clave contra el narcotraficante.

El segundo cargo se refiere a la supuesta coordinación del juez con Fernando Whpei y Carlos Vaudagna para perjudicar a un grupo de personas de apellido Iglesias mediante la creación irregular de una causa penal. El tercer cargo apunta a la amistad de Bailaque con el financista Whpei, lo que habría comprometido su imparcialidad en un expediente donde este último resultó beneficiado.

Bailaque presentó un escrito como descargo final, sin asistir personalmente a la audiencia. Según González, el documento fue una reiteración de argumentos ya expuestos: “Bailaque se limitó a reeditar lo que ya había mencionado en sus cuatro primeros descargos”.

Para los consejeros, el cúmulo de pruebas y testimonios fue suficiente. González afirmó que se alcanzó el “grado de sustento probatorio y convicción suficiente” requerido en esta instancia para elevar la propuesta al plenario. Se lo acusa de “mal desempeño por obrar con falta de integridad, transparencia, imparcialidad, probidad y decoro, en detrimento de la confianza pública en el sistema judicial”.

De concretarse la decisión en el plenario, Bailaque quedaría suspendido y debería enfrentar el juicio político que podría derivar en su destitución.

LN