Daniel Noboa reactiva las concesiones mineras como motor de desarrollo nacional

El presidente Daniel Noboa ha dado un paso decisivo en su estrategia de desarrollo económico al reactivar el catastro minero nacional, cerrado desde 2018 por irregularidades y conflictos sociales. La medida busca dinamizar la inversión privada en el sector extractivo y, al mismo tiempo, reducir significativamente la minería ilegal que afecta zonas sensibles como la Amazonía y las fronteras con Colombia y Perú.

La decisión abre en una primera etapa la posibilidad de concesiones para pequeña minería no metálica, como piedra, arena, yeso y caliza. Según el cronograma gubernamental, la minería metálica a pequeña escala (oro y plata) podrá solicitar concesiones desde septiembre, mientras que las operaciones medianas y grandes serán habilitadas en 2026 bajo nuevos mecanismos de control digital y transparencia institucional.

Concesiones con nueva fiscalización

Como parte del relanzamiento, el gobierno ha creado una nueva “tasa de fiscalización minera”, que se empezará a cobrar en julio. Se estima que generará entre USD 200 y 229 millones anuales, destinados a reforzar la supervisión estatal mediante el uso de drones, vigilancia satelital y personal especializado en campo. Esta medida representa un avance inédito en la capacidad del Estado para vigilar y ordenar el sector.

Aunque algunos actores privados han expresado preocupación por el aumento de costos, el Ejecutivo defiende la tasa como una herramienta clave para garantizar seguridad jurídica, sostenibilidad ambiental y control riguroso, brindando confianza tanto a los inversores como a la ciudadanía.

Reacción de colectivos ambientales

Algunas organizaciones, como la CONAIE y colectivos amazónicos, han manifestado reservas, principalmente relacionadas con la necesidad de consultas previas. No obstante, el gobierno ha reiterado su compromiso con un modelo que combine desarrollo económico, inclusión comunitaria y respeto por el medio ambiente.

Además, la regularización del sector es esencial para enfrentar la minería ilegal, que muchas veces opera dentro de concesiones abandonadas o sin presencia estatal. La reapertura controlada del catastro se presenta como una alternativa viable para reemplazar la informalidad con legalidad, reduciendo espacios para la corrupción y el crimen organizado.

Una apuesta con visión estratégica

El Ejecutivo sostiene que esta apertura permitirá a Ecuador competir con países como Chile y Perú, donde la minería representa una fuente clave de divisas. Con importantes reservas de cobre, oro y plata aún sin explotar, el país puede posicionarse como un nuevo actor regional relevante en la minería responsable.

Las concesiones actuales se enfocan en proyectos de baja escala, priorizando el aprendizaje institucional y el despliegue de tecnología antes de habilitar, en 2026, los bloques más grandes. Esta estrategia gradual permite construir capacidades estatales y afianzar consensos sociales antes de dar el siguiente paso.

Ecuador reabre su catastro minero tras siete años de cierre, en una decisión política firme y necesaria. No se trata de dar licencias automáticas, sino de recuperar el control del subsuelo, ordenar el territorio y combatir la minería ilegal. Reabrirlo es un acto de soberanía: el… pic.twitter.com/xcfH2NPvnp

— CENTRO Digital (@radiocentroec) June 16, 2025

La necesaria inversión 

La reapertura del catastro minero bajo el liderazgo de Noboa refleja una apuesta pragmática y ordenada por el desarrollo productivo nacional. Frente a un contexto de déficit fiscal, desempleo y expansión de actividades ilícitas, el Ejecutivo opta por una solución que articula inversión, regulación y sostenibilidad.

El desafío será mantener la ruta de transparencia, aplicar rigurosamente los controles prometidos y generar canales efectivos de diálogo con las comunidades. Si se cumplen esos requisitos, Ecuador no solo podrá atraer capitales responsables, sino también convertir sus recursos naturales en una verdadera palanca de bienestar colectivo.