
La elección de los magistrados del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial en México ha quedado marcada por lo que varios expertos y consejeros califican como un fraude estadísticamente improbable. Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), el 90% de los votos emitidos coincidió con las listas preelaboradas conocidas como "acordeones", lo que ha generado fuertes críticas sobre la legitimidad del proceso.
Estas listas, distribuidas de manera masiva antes y durante la jornada electoral, incluían los nombres exactos de los candidatos que debían ser marcados. La repetición casi perfecta de estos patrones de votación, con millones de combinaciones posibles, resulta "equivalente a sacarse la lotería", según el consejero electoral Martín Faz. Esta situación plantea serias dudas sobre la autenticidad del voto libre y secreto.
La elección también fue objeto de múltiples anomalías logísticas y operativas. El INE invalidó votos en 1.322 casillas, de las cuales 818 correspondían a la elección de ministros del Tribunal. Entre las irregularidades detectadas se encuentran boletas sin doblar ("planchadas"), casillas donde un solo candidato obtuvo el 100% de los votos ("zapato"), caligrafías idénticas y tiempos de emisión de votos incompatibles con la participación real.
A pesar de esta serie de elementos que, en conjunto, configuran una red de indicios de manipulación masiva, el proceso fue validado por mayoría simple del Consejo General del INE (6 a 5). La presidenta consejera, Guadalupe Taddei, utilizó su voto de calidad para inclinar la balanza, justificando que las irregularidades no afectaban a más del 1% del total de casillas instaladas.
Según las cifras compartidas por Martín Faz, en la elección de ministros el 23% de los votantes repitió exactamente los nueve nombres de las listas de los acordeones, y el 65% coincidió al menos en seis de ellos. Estos porcentajes sugieren que los votantes no seleccionaron libremente, sino que se apegaron a instrucciones específicas, posiblemente por presión o temor a represalias.
Además, se documentó la presencia de operadores políticos en casillas y entre supervisores, cuya función habría sido garantizar el alineamiento del voto con los intereses de actores organizados. Estas prácticas remiten a esquemas de control electoral del pasado y contradicen los principios de neutralidad y autonomía que deberían regir un proceso de esta naturaleza.
Uno de los aspectos más controvertidos es que el INE, a pesar de reconocer las irregularidades, no tiene facultades para anular la elección. Esta limitación institucional deja al descubierto una falla de diseño en el mecanismo de selección judicial aprobado recientemente. La validación técnica del proceso no equivale a su legitimidad democrática.
Cinco consejeros votaron en contra de la validación y advirtieron que la acumulación de anomalías representa "el mayor retroceso en tres décadas de vida electoral". Sus posturas fueron descartadas por la mayoría, en una sesión que reveló profundas divisiones dentro del órgano electoral.
La coincidencia casi absoluta con los acordeones, sumada a la operación política en el terreno y la validación por mayoría en el INE, configura un escenario preocupante de institucionalización del fraude. No se trata solo de una elección cuestionada, sino de un patrón que podría reproducirse si no se ajustan los mecanismos de control y transparencia. La ausencia de consecuencias jurídicas concretas también sienta un precedente peligroso.
Este caso refuerza la percepción de que el nuevo modelo de elección judicial, impulsado como reforma democrática, podría terminar socavando justamente la democracia que prometía fortalecer. Si el Poder Judicial nace de un procedimiento viciado, su independencia y legitimidad estarán comprometidas desde el origen. Las advertencias de los consejeros críticos merecen atención, pues lo que está en juego no es un tribunal, sino la confianza en todo el sistema.