Perú: el Congreso aprueba una ley que podría liberar a violadores de derechos humanos

El Congreso de Perú aprobó esta semana una ley que podría significar la liberación de militares, policías y civiles investigados por graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno. La norma fue impulsada por sectores conservadores y recibió 61 votos a favor, en medio de fuertes críticas nacionales e internacionales. El debate se llevó a cabo en una sesión cargada de tensión, donde los legisladores oficialistas defendieron la necesidad de cerrar heridas del pasado y dar por concluidos procesos que, en su opinión, se han prolongado demasiado.

La ley beneficiaría a personas mayores de 70 u 80 años, según el caso, que se encuentren procesadas o investigadas -pero aún no condenadas- por crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. No se aplicará a personas condenadas por terrorismo o corrupción. La medida ha sido calificada por sectores de derechos humanos como un intento de borrar la memoria de las víctimas y debilitar la vigencia del derecho internacional humanitario.

Reaparición de la inmunidad parlamentaria

Simultáneamente, el Congreso aprobó una reforma constitucional que restituye la inmunidad parlamentaria, eliminada en 2020. Esta protección abarcaría delitos comunes y se extendería hasta 30 días después de finalizado el mandato, siempre que el propio Congreso autorice su levantamiento. El retorno de esta figura ha sido interpretado por la oposición como un retroceso democrático y una herramienta para evadir la justicia.

La medida fue justificada como una forma de proteger la función legislativa, pero ha sido criticada por crear un blindaje institucional ante eventuales actos de corrupción o abuso de poder. La reforma requerirá una segunda votación en la próxima legislatura para entrar en vigor, lo que abre un nuevo frente de debate sobre la ética parlamentaria y el equilibrio de poderes en el país.

Organismos alertan sobre impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han denunciado públicamente la aprobación de la ley, argumentando que representa un grave retroceso en la lucha contra la impunidad. Según sus estimaciones, la norma podría aplicarse a más de 150 casos actualmente judicializados, afectando procesos en curso vinculados a masacres, torturas y desapariciones forzadas.

Asimismo, se advierte que esta ley contradice abiertamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2001 declaró inconstitucional una norma similar promulgada durante el régimen de Alberto Fujimori, en el célebre caso Barrios Altos. Organizaciones civiles y colectivos de víctimas ya evalúan acciones legales ante instancias internacionales para frenar su implementación.

Una ley hecha a medida

Legisladores como Fernando Rospigliosi y Martha Moyano -de Fuerza Popular- defendieron la ley, señalando que busca terminar con juicios que consideran una “venganza política” contra militares y defensores del orden. Argumentan que los acusados son personas de edad avanzada que enfrentan procesos interminables sin sentencia firme, y que merecen una salida humanitaria.

No obstante, varios juristas advirtieron que muchos de los beneficiarios están siendo procesados por delitos considerados de lesa humanidad, los cuales son imprescriptibles y no susceptibles de amnistía. El defensor del Pueblo de Perú también criticó la norma, subrayando que atenta contra las víctimas y sus familiares, quienes llevan décadas esperando justicia y reparación por los crímenes sufridos.

Crisis de representación y populismo punitivo

El respaldo ciudadano al Congreso es mínimo: apenas un 2 % de aprobación según encuestas recientes. En ese contexto, analistas consideran que estas leyes buscan reposicionar al Legislativo ante su base conservadora, apelando al nacionalismo y al discurso de “mano dura”. La desconexión entre los parlamentarios y las demandas sociales parece profundizarse con cada nueva medida polémica y cada sesión legislativa cuestionada.

Por su parte, el gobierno de Dina Boluarte ha coqueteado con propuestas igualmente controversiales, como restablecer la pena de muerte o trasladar presos a cárceles en El Salvador. Estas iniciativas han sido calificadas como expresiones de populismo punitivo, que lejos de aportar soluciones estructurales, consolidan una narrativa de seguridad que sacrifica principios fundamentales del Estado de derecho.

#Perú: #CIDH lamenta la aprobación en primera votación por el @congresoperu del Proyecto de Ley 7549/2023-CR que concede una amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, Comités de Autodefensa y funcionarios de Estado que sean mayores de 70 años o que se… pic.twitter.com/d9FkkSQHXD

— CIDH - IACHR (@CIDH) June 13, 2025

¿Dónde queda la justicia? 

La nueva ley de amnistía representa una peligrosa señal de debilitamiento del compromiso del Estado peruano con los derechos humanos y la justicia transicional. En nombre de la reconciliación o la edad avanzada, se corre el riesgo de anular décadas de avances judiciales. La aprobación revela una profunda crisis institucional y una clara voluntad de sectores del Congreso de imponer su visión por encima de estándares internacionales ampliamente reconocidos.

Frente a este escenario, se abre un nuevo capítulo de tensión entre el Estado peruano y los organismos internacionales, en un país cuya democracia institucional ya se encuentra fuertemente erosionada. La falta de una oposición sólida, la desconfianza generalizada en las instituciones y el uso instrumental de la legislación son síntomas alarmantes de una democracia cada vez más frágil.