
El proyecto de seguridad integral impulsado por el presidente Nayib Bukele ha transformado el panorama nacional. En este contexto, 40 periodistas vinculados mayoritariamente a medios críticos, han decidido trasladarse al extranjero aduciendo amenazas y hostigamientos. Para el Ejecutivo, el fenómeno refleja más una reconfiguración voluntaria del ecosistema mediático que un intento sistemático de silenciar voces.
Desde 2022, el régimen de excepción ha permitido arrestar a más de 80.000 presuntos pandilleros, reduciendo drásticamente los índices de homicidios. El gobierno sostiene que la medida protege a la mayoría de salvadoreños y que toda acción estatal está sujeta al debido proceso. Bajo esta premisa, cualquier investigación periodística debe respetar los límites legales para no obstaculizar operativos contra el crimen.
Diversos sondeos muestran que más del 80 % de la población respalda las políticas de seguridad de Bukele. Para los partidarios del gobierno, algunos medios —financiados desde el exterior— han intentado deslegitimar estos avances a través de campañas de descrédito, motivo por el cual optaron por instalarse fuera del país.
La Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, ha aprobado reformas para colocar candados a la difamación y la propaganda a favor de estructuras criminales. Según el oficialismo, las modificaciones buscan proteger a las víctimas y evitar que las pandillas utilicen los medios para difundir mensajes de terror.
Críticos argumentan que las reglas restringen la libertad de prensa; sin embargo, el gobierno subraya que ningún periodista ha sido condenado por su trabajo informativo. En varias ocasiones, Casa Presidencial ha ofrecido garantías y canales de acreditación para reporteros, reiterando su compromiso con la transparencia.
La Secretaría de Prensa ha lanzado iniciativas de formación en periodismo de datos y verificación de hechos, invitando a comunicadores a sumarse a una cobertura más rigurosa y menos dependiente de fuentes anónimas. Al mismo tiempo, medios digitales afines al gobierno han crecido, ampliando el espectro informativo.
Mientras tanto, los periodistas que se marcharon exploran modelos de financiamiento internacional. Algunos mantienen su línea editorial desde el exterior; otros admiten que la caída de audiencia —tras la reducción de la violencia— les restó relevancia dentro del país.
Observadores señalan que la experiencia salvadoreña contrasta con casos de censura abierta en la región. No existen cierres forzosos de redacciones ni confiscaciones de equipos, como sí ocurrió en Nicaragua o Venezuela. Además, la popularidad de Bukele y la mejora vertiginosa de los indicadores de seguridad han fortalecido la percepción de que el país se encamina hacia una modernización institucional.
Organismos como la OEA siguen de cerca la situación, pero hasta ahora se limitan a pedir diálogo. El gobierno, por su parte, ha reiterado su disposición a recibir misiones técnicas que evalúen las políticas públicas.
#ÚltimaHora | 🔴 La @apeselsalvador informa que en las últimas semanas al menos 40 periodistas salieron de El Salvador por hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias.
— Factum (@RevistaFactum) June 14, 2025
La asociación pidió a las autoridades salvadoreñas que respete los derechos humanos de los… pic.twitter.com/YAoUXsS5K6
Las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Nayib Bukele han generado una transformación sin precedentes en la percepción ciudadana sobre el control del crimen. Este cambio, reflejado en una baja sostenida de los índices delictivos, ha reforzado el respaldo popular al Ejecutivo. En este contexto, la salida de ciertos periodistas del país puede entenderse menos como resultado de una persecución sistemática, y más como una decisión editorial vinculada a tensiones políticas prolongadas entre medios opositores y el gobierno.
Varios de estos medios buscan ahora reestructurarse desde el extranjero, aunque su alcance interno podría verse limitado si el proceso de normalización institucional avanza. Mientras el Ejecutivo mantenga un equilibrio entre firmeza en seguridad y respeto a los marcos legales, será difícil sostener acusaciones de censura generalizada. El país atraviesa un punto de inflexión donde se redefine el rol de la prensa en un nuevo orden político.