México: la Suprema Corte define el futuro de la prisión preventiva oficiosa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta una de las decisiones más trascendentales de los últimos años: resolver el destino de la prisión preventiva oficiosa, una medida que mantiene a miles de personas encarceladas sin juicio previo. Este mecanismo, contemplado en el artículo 19 constitucional, ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos, que lo consideran una violación sistemática al principio de presunción de inocencia.

El plazo para que la Corte emita su resolución vence el 1 de septiembre de 2025, fecha límite antes de la renovación parcial de sus integrantes. La urgencia se acentúa debido a una sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige al Estado mexicano la eliminación de esta figura. Sin embargo, el escenario se complica por la presión del nuevo Ejecutivo, encabezado por Claudia Sheinbaum, quien ha solicitado postergar la resolución hasta que se conforme una Corte más alineada con su gobierno.

Una figura cuestionada

La prisión preventiva oficiosa implica que ciertas personas acusadas de delitos graves pueden ser encarceladas automáticamente, sin que un juez analice caso por caso. Actualmente, cerca de 70.000 personas están privadas de libertad bajo esta modalidad, muchas de ellas sin sentencia, como el emblemático caso de Daniel García, quien pasó 17 años detenido sin condena.

Organismos como el Colectivo #LaJusticiaQueQueremos y diversas organizaciones civiles sostienen que no existe evidencia de que esta figura haya reducido la delincuencia o mejorado la seguridad pública. Al contrario, argumentan que ha servido para legitimar detenciones arbitrarias, debilitar el debido proceso y sobrecargar las cárceles mexicanas.

Los proyectos en debate

Actualmente hay dos proyectos en análisis dentro de la SCJN. El primero, encabezado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, propone declarar inconstitucional el artículo 19, lo cual implicaría eliminar completamente la prisión preventiva oficiosa. El segundo, de la ministra Margarita Ríos Farjat, plantea conservarla, pero permitiendo que los jueces decidan su aplicación según las circunstancias del caso.

Ambas posturas implican lecturas distintas sobre el equilibrio entre seguridad pública y derechos humanos, y revelan divisiones profundas dentro del máximo tribunal. La resolución, que requiere al menos ocho votos a favor de la inconstitucionalidad, podría marcar un cambio radical en la forma en que México aborda el proceso penal.

Presión política en aumento

Desde el Ejecutivo, Sheinbaum ha pedido a la Corte que no se pronuncie de forma definitiva hasta que entre la nueva integración, tras las elecciones de junio. Esta solicitud ha sido vista por algunos sectores como una forma de condicionar el fallo y garantizar un resultado más favorable al gobierno.

La presidenta ha defendido públicamente la medida al señalar que la prisión preventiva no se aplica “automáticamente”, sino que siempre está sujeta al análisis del juez. Sin embargo, sus declaraciones han sido criticadas por minimizar el carácter obligatorio de la figura, tal como está redactada actualmente en la Constitución.

La SCJN interpreta la Constitución y resuelve controversias constitucionales.

Consecuencias nacionales e internacionales

Más allá del debate jurídico, está en juego la credibilidad de México ante el sistema interamericano de derechos humanos. De no cumplir con la sentencia de la Corte IDH, el país podría enfrentar sanciones, restricciones o pérdida de influencia en foros multilaterales.

Al mismo tiempo, la eliminación de esta figura representaría un giro profundo en el sistema penal mexicano. Ya hay estados —al menos 12— que han adoptado formas de prisión preventiva justificada sin registrar aumentos delictivos, lo cual desmonta el argumento de que esta medida sea indispensable para mantener el orden.

Ley y justicia 

El dilema de la prisión preventiva oficiosa enfrenta a México con sus propios compromisos legales y democráticos. La Corte tiene la oportunidad de trazar un nuevo rumbo, garantizando procesos penales más justos y alineados con estándares internacionales. Pero también debe resistir las presiones políticas que buscan mantener el statu quo bajo el pretexto de la seguridad.

El reloj corre y la ventana de oportunidad se estrecha. En las próximas semanas, la Suprema Corte deberá definir si opta por fortalecer el Estado de derecho o cede ante intereses coyunturales. El resultado tendrá consecuencias directas sobre miles de vidas y sobre la imagen del país en el mundo.