
La condena a Cristina Kirchner por corrupción y la movilización masiva del peronismo en Plaza de Mayo no solo dominaron la agenda pública, sino que también paralizaron la actividad legislativa en el Congreso. Durante las últimas dos semanas, la acción parlamentaria se redujo a mínimos históricos, con apenas algunas reuniones de comisión.
En este contexto, los libertarios, principales opositores, optaron por congelar varias comisiones estratégicas, resignándose a adoptar una postura defensiva hasta después de las elecciones. Esta decisión genera malestar entre los sectores dialoguistas, que ven debilitada la negociación política.
La tensión política se agrava también en las filas oficialistas, donde la relación con el peronismo está en su punto más crítico. Además, el vínculo con los bloques aliados del PRO y la UCR presenta señales de desgaste, mientras los gobernadores provinciales expresan preocupación por la caída en la recaudación y la creciente presencia de La Libertad Avanza en sus distritos.
Un ejemplo claro de la ralentización legislativa es el proyecto de ley de “presunción de inocencia fiscal”. Presentado hace dos semanas, esta iniciativa que busca fomentar la regularización de dólares no declarados, aún no logró siquiera una convocatoria informativa en comisión, dejando en duda su tratamiento antes de julio.
La causa de esta demora está en la resistencia de varios bloques dialoguistas, entre ellos Encuentro Federal, radicales disidentes y la Coalición Cívica, que aún no se comprometen a apoyar el proyecto. En consecuencia, el libertario José Luis Espert decidió cerrar la comisión de Presupuesto para evitar riesgos en plena campaña electoral.
A pesar de la paralización, los libertarios sostienen que no hay urgencia y señalan que más de la mitad de los gobernadores ya adhirieron a partes claves del proyecto, como el Régimen Simplificado de Ganancias, que ya está en marcha.
La figura de Javier Milei tampoco contribuye a limar asperezas. En recientes declaraciones, acusó a Mauricio Macri de interferir en el Poder Judicial y criticó duramente a Miguel Pichetto, lo que dificulta la construcción de consensos en el Congreso.
Dentro del bloque PRO, la distancia con el Gobierno es visible. Un sector liderado por diputados cercanos a Macri se abstuvo de votar el aumento para jubilados, mientras otros alineados con Bullrich y Ritondo votaron en contra, generando inquietud en los libertarios respecto a posibles dificultades para vetar la norma en el Senado.
En paralelo, el bloque Liga del Interior, conocido como los “Radicales con peluca”, también mostró descontento por el margen que La Libertad Avanza les dejó en la lista oficial de Misiones, marginando a Martín Arjol. Estos cinco votos fueron clave para sostener vetos en sesiones anteriores y su respaldo será clave en los próximos movimientos legislativos.
La preocupación se extiende a los gobernadores, quienes, además de reclamar por la falta de recursos, ven con recelo la competencia electoral que La Libertad Avanza plantea en sus provincias. En respuesta, el Gobierno convocó al Consejo de Mayo, que se reunirá luego de un año, para intentar recomponer la relación con las provincias.
Mientras tanto, los libertarios buscan bloquear avances opositores en el Congreso, anticipando que la oposición intentará activar investigaciones y aprobar proyectos vinculados a universidades y salud pública, además de reformas legales y ajustes en áreas de seguridad.
Los dialoguistas ya presentaron un pedido formal para una sesión especial el próximo 2 de julio, con temas como universidades y el Hospital Garrahan en la agenda, pero la alianza opositora podría ampliarse. Por ahora, los libertarios prefieren ganar tiempo y aguardar los resultados electorales para reposicionar sus fuerzas.