“Están armando un rompecabezas con piezas de un Jenga”, denuncia el abogado de Pérez y Caillava

Ernesto “Tito” González, abogado de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, volvió a cargar duramente contra la causa judicial que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la provincia de Corrientes. Según el letrado, la acusación contra el matrimonio se sostiene en pruebas que están “viciadas en su gran mayoría” y que se usaron para construir “una teoría del caso sin sustento real”.

“El Ministerio Público Fiscal debe probar que cada uno de los imputados tuvo un rol determinado. Pero para el caso de Carlos y María Victoria, las pruebas están viciadas, son forzadas. Se utilizan elementos sin validez objetiva para sostener una hipótesis”, afirmó el defensor. Según explicó, tanto Pérez como Caillava están imputados como coautores del delito de sustracción y ocultamiento del menor, en pie de igualdad con los otros acusados, pero sin evidencia sólida.

González puso como ejemplo las pruebas odorológicas realizadas en los vehículos. “No están viciadas por cómo se hizo la pericia, sino por lo que se hizo antes: la recolección de las prendas del menor, su conservación y uso fue totalmente ineficiente”, remarcó. También cuestionó el análisis del teléfono celular de Pérez: “Fue manipulado por la policía de Corrientes y eso viola la cadena de custodia, algo básico en derecho. Lo que se llama el fruto del árbol envenenado: una prueba contaminada desde el origen”.

Con tono crítico, el abogado señaló fallas estructurales en la instrucción: “No tienen a las personas correctas. Están armando un rompecabezas con piezas de un Jenga. No hay forma de que encaje nada”, sostuvo. Y anticipó que todas las nulidades planteadas serán retomadas en la etapa de juicio oral.

En cuanto a la hipótesis sobre lo ocurrido con Loan, González admitió que no tienen una versión concreta. “No hay una explicación lógica a lo que pasó. Durante la instrucción se formularon cientos de hipótesis, muchas de ellas paranoicas o conspirativas”, dijo. Aclaró que, aunque reconoce la existencia de redes de trata en Corrientes, no cree que los imputados hayan sido parte de una estructura así. “Nunca tuvimos una hipótesis concreta”, subrayó.

El defensor también apuntó que aún quedan medidas pendientes importantes: la geolocalización de los celulares a través de Google —que nunca se obtuvo— y el análisis del GPS de los vehículos involucrados, una camioneta Ford Ranger y un Ford Ka. “Tengo entendido que la Ranger tiene GPS, del Ka no estoy seguro”, agregó.

Desde su detención, el 21 de junio de 2024, el matrimonio fue trasladado al Complejo Penitenciario N°3 del NOA, en Güemes, provincia de Salta. Allí, cuentan con régimen de visitas cruzadas entre ellos y de familiares, acceso a llamadas telefónicas y actividades recreativas. “Carlos juega al fútbol, María Victoria hace tareas de jardinería, cocina y horticultura. Tienen una hora diaria al aire libre sin restricciones”, detalló González.

La causa está a un paso de ser elevada a juicio. Pérez y Caillava, junto a otros cinco imputados, están acusados por sustracción y ocultamiento de un menor de edad. Para la fiscalía, cada uno tuvo un rol dentro de un plan premeditado. Para la defensa, las pruebas son insuficientes. 

LN