Claudia Sheinbaum abre el debate sobre la autonomía de las fiscalías en México

En un giro que reabre uno de los debates institucionales más delicados del país, Claudia Sheinbaum ha planteado públicamente la necesidad de revisar la autonomía de las fiscalías en México. Aunque ha aclarado que su gobierno no impulsa una reforma inmediata, la presidenta reconoce que el modelo actual debe ser analizado a fondo para evaluar su efectividad y viabilidad en el contexto político y judicial contemporáneo.

El anuncio, realizado durante su conferencia matutina del 20 de junio, responde a una creciente presión dentro de Morena por cambiar las reglas del juego. Un borrador de reforma circula ya en la Consejería Jurídica de la Presidencia, el cual propone que tanto el presidente como los gobernadores puedan designar y remover a los fiscales sin necesidad de aprobación legislativa. Aunque Sheinbaum insiste en que esto aún no es una propuesta oficial, admitió que será discutido dentro de su movimiento político.

Autonomía vs. gobernabilidad

La tensión entre la eficiencia del Estado y el equilibrio de poderes se vuelve clave en este escenario. Morena argumenta que la autonomía ha entorpecido la capacidad del gobierno para combatir la corrupción y avanzar en investigaciones contra actores del viejo régimen. Esta postura sostiene que algunos fiscales han bloqueado o ralentizado procesos cruciales para la agenda transformadora del nuevo oficialismo.

Sin embargo, este planteamiento genera fuertes preocupaciones entre juristas y opositores, quienes advierten que dar al Ejecutivo control sobre las fiscalías significaría retroceder en términos de división de poderes. Las reformas de 2014 fueron diseñadas precisamente para evitar la subordinación política de las fiscalías y permitir que sus decisiones se basen exclusivamente en criterios técnicos y jurídicos.

Estrategia discursiva y tiempos políticos

La presidenta ha intentado desmarcarse del impulso directo a la iniciativa, afirmando que el debate es necesario pero que su administración no pretende intervenir directamente en el Poder Judicial ni en las fiscalías. Aun así, no ha cerrado la puerta a una modificación futura, siempre que —según sus palabras— sea fruto de un análisis técnico profundo y cuente con respaldo popular y parlamentario.

De momento, la discusión podría ingresar al Congreso durante el periodo extraordinario previsto entre el 23 de junio y el 2 de julio, aunque todo indica que un cambio legal de esta magnitud requerirá más tiempo y negociaciones. Mientras tanto, la FGR y las fiscalías estatales operan en una zona de incertidumbre, sin saber si conservarán su blindaje constitucional o quedarán sujetas a nuevas reglas bajo la administración entrante.

El caso Gertz y el dilema institucional

El tema también ha reactivado la discusión sobre la figura del fiscal general actual, Alejandro Gertz Manero, quien concluiría su periodo en 2028. Si bien el borrador contempla que los fiscales actuales terminen sus funciones, su permanencia se convierte en un símbolo del choque entre el viejo esquema de autonomía y las nuevas pulsiones de control político.

A medida que se profundiza el debate, México se enfrenta a una decisión estructural: reforzar los contrapesos institucionales o avanzar hacia una centralización que permita mayor alineación entre el Ejecutivo y las fiscalías. Ambas rutas tienen implicaciones profundas, no solo para la procuración de justicia, sino para la arquitectura democrática del país.

Sede de la Fiscalía de México. 

Autonomía en riesgo 

La apertura al debate sobre la autonomía de las fiscalías muestra una doble cara del gobierno de Sheinbaum: por un lado, la voluntad de revisar estructuras que no han dado resultados óptimos; por otro, la tentación de concentrar más poder en un momento político favorable para Morena. La prudencia discursiva de la presidenta parece buscar tiempo para medir reacciones antes de tomar una posición definitiva.

En este contexto, el equilibrio entre eficiencia y legalidad se vuelve fundamental. Modificar la arquitectura institucional sin poner en riesgo los principios democráticos será una prueba clave del talante reformista y republicano de la nueva administración. Lo que está en juego no es solo el futuro de las fiscalías, sino el tipo de democracia que México aspira a consolidar.