
La disputa fiscal entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha sumado un nuevo y decisivo capítulo. Un tribunal colegiado en materia administrativa ordenó a Grupo Elektra el pago de 2.000 millones de pesos por impuestos omitidos en el ejercicio fiscal de 2012. Esta resolución cierra un prolongado litigio de más de cinco años, durante los cuales la compañía apeló a diversos recursos legales para evitar la condena.
El SAT alegó que Elektra empleó un esquema fraudulento para reducir su carga tributaria: concretamente, la venta de una presunta empresa denominada Beta, sin operaciones ni ingresos reales. Las autoridades sostienen que dicha transacción fue simulada con el fin de generar pérdidas fiscales ficticias y eludir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El tribunal respaldó la posición del fisco, calificando la operación como una maniobra artificiosa de evasión.
La decisión fue dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el voto unánime de sus magistrados. En su fallo, el tribunal rechazó todas las impugnaciones presentadas por Elektra, incluidas las acusaciones de parcialidad y las recusaciones de jueces. El dictamen concluye que las deducciones aplicadas en 2012 contravenían los principios de legalidad y sustancia económica.
Este episodio se suma a una serie de reveses judiciales para Salinas Pliego. En 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó un adeudo adicional de 2.626 millones de pesos. Si se suman todos los litigios fiscales en curso, la deuda total que el SAT exige al grupo empresarial podría superar los 63.000 millones de pesos.
Grupo Salinas reaccionó de inmediato mediante un comunicado en el que calificó la sentencia como "ilegal y tendenciosa", denunciando una presunta persecución política. Asimismo, anunció que impugnará el fallo ante la Suprema Corte, que renovará parte de su pleno en septiembre, hecho que podría influir en la decisión final.
La empresa sostiene que el proceso ha estado plagado de irregularidades procesales y que el SAT ha actuado con arbitrariedad. Afirma haber cumplido con todas sus obligaciones fiscales y defiende la legitimidad de las deducciones aplicadas en 2012. Su estrategia comunicacional busca posicionarla como blanco de una ofensiva estatal, lo que ha generado reacciones encontradas en redes sociales y medios afines.
El caso Elektra reaviva un debate clave sobre las estrategias fiscales agresivas empleadas por grandes corporaciones en México. Si bien algunas de estas prácticas pueden estar amparadas legalmente, el SAT ha endurecido su enfoque hacia esquemas que carecen de respaldo económico tangible. En este contexto, la figura de la "empresa fantasma" se ha convertido en símbolo de simulación tributaria.
Analistas destacan que esta resolución podría establecer un precedente relevante en la lucha contra la elusión fiscal. La jurisprudencia emergente del caso Elektra refuerza la idea de que toda deducción fiscal debe basarse en operaciones reales, con sustancia económica, más allá de su formalidad documental. Se marca así un límite más definido entre planeación fiscal válida y evasión encubierta.
La condena contra Grupo Elektra implica no solo un pago multimillonario, sino también un mensaje contundente en el ámbito jurídico y político: ninguna fortuna está exenta del cumplimiento de la ley fiscal. Aunque la compañía aún tiene margen para recurrir ante la SCJN, el precedente establece que la tolerancia institucional frente a prácticas contables cuestionables está en descenso.
La atención estará puesta en la resolución que emita la Corte, particularmente tras su renovación de septiembre. El caso Elektra marca un punto de inflexión en la relación entre el poder económico y la autoridad tributaria en México, con posibles implicaciones para otros grandes grupos empresariales del país.