Deterioro de la seguridad pública bajo el gobierno de Gustavo Petro arrastra a Colombia

Colombia enfrenta un nuevo ciclo de pesimismo colectivo. Según la última encuesta de Invamer, la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos, superando temas como la corrupción, la economía y la política. El 36 % de los encuestados identifica la falta de orden público como el problema más grave del país, y un abrumador 89 % cree que la situación ha empeorado en el último año.

La gestión del presidente Gustavo Petro atraviesa su punto más bajo desde que asumió el poder en 2022. Su índice de aprobación cayó al 29 %, mientras que el rechazo a su política de "paz total" con los grupos armados ilegales alcanza el 72 %. En un país fatigado por décadas de conflicto, la promesa de reconciliación ha comenzado a ser vista como un símbolo de impotencia estatal frente al crimen.

Ataques, paros armados y miedo ciudadano

Varios eventos recientes han exacerbado la sensación de vulnerabilidad. El atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, gravemente herido, puso en evidencia la falta de control territorial y de inteligencia. En paralelo, las disidencias de las FARC ordenaron un paro armado en Guaviare que confinó a 30.000 personas, una muestra del poder de facto que algunos grupos aún ejercen.

La violencia también se ha ensañado con las zonas urbanas. En Cali, una ola de asesinatos ha estremecido a la población. En Bogotá, se multiplican las denuncias por robos, extorsiones y ajustes de cuentas. La utilización de niños y adolescentes como sicarios revela una degradación social profunda y una fractura estructural del Estado frente a los jóvenes más vulnerables.

El derrumbe de la confianza institucional

El estudio de Invamer también revela una crisis de legitimidad institucional. Más del 59 % de los ciudadanos cree que hoy no existen condiciones para una oposición democrática real. Solo las Fuerzas Militares, la Policía y la Iglesia Católica conservan niveles aceptables de confianza pública. El Congreso, la Corte Suprema y la Fiscalía, en cambio, sufren una credibilidad en caída libre.

La oposición, por su parte, ha comenzado a denunciar una "democracia debilitada". Voces críticas advierten que sin garantías para competir electoralmente ni seguridad para sus líderes, los comicios presidenciales de 2026 podrían verse comprometidos. La creciente censura en redes sociales y la violencia política hacen temer un retroceso democrático que recuerda etapas oscuras de la historia nacional.

Atentan contra la vida del congresista más votado de Colombia, contra el hijo de un General, contra un director de fiscalía, ahora contra un hermano de un General.
La inseguridad por el piso, y eso no se va a solucionar cambiando la constitución pic.twitter.com/Vw5TpSvQkX

— Oscar Andrés Jiménez (@JIMNEZYASOCIAD1) June 21, 2025

Colombia en crisis 

El colapso de la política de paz no solo ha evidenciado fallas de estrategia, sino que ha desenmascarado una pérdida de autoridad del Estado. En varias regiones, los grupos armados sustituyen las funciones estatales, deciden sobre la movilidad, la justicia y hasta la vida. El poder está fragmentado.

Además, el pesimismo generalizado funciona como un combustible para la polarización. La inseguridad, más allá de las cifras, se ha convertido en un sentimiento cotidiano. Un país que desconfía de su democracia, sus instituciones y su futuro es terreno fértil para aventuras autoritarias o regresiones políticas. El reloj avanza hacia 2026, pero el terreno parece minado.