El pacto militar de Sánchez con la OTAN compromete a España sin pasar por el Congreso

Pedro Sánchez ha anunciado un acuerdo con la OTAN que exime a España de cumplir la exigencia de gastar el 5% del PIB en defensa, impulsada por Estados Unidos. Aunque el gobierno lo presenta como un éxito diplomático, el fondo del acuerdo revela un compromiso de largo plazo que no ha sido sometido a debate ni control legislativo.

Según la carta publicada por el propio presidente, España contará con "flexibilidad soberana" para alcanzar los objetivos de capacidad militar. Sin embargo, esta flexibilidad no impide que se haya asumido una trayectoria de gasto para los próximos diez años, sin pasar por el Congreso y sin respaldo presupuestario actual.

Marketing diplomático vs. transparencia

El Ejecutivo ha presentado el acuerdo como un logro: evitar una imposición desproporcionada que pondría en riesgo la sanidad, la educación y la transición ecológica. Pero el anuncio ha sido más mediático que institucional. La carta de Mark Rutte, nuevo secretario general de la OTAN, ha sido compartida por redes sociales como si se tratara de una respuesta a una discusión en Twitter.

El uso de la diplomacia como escenificación, sin mecanismos formales ni transparencia parlamentaria, deteriora la calidad institucional. Sánchez se escuda en una "senda soberana" de cumplimiento, pero ha pactado sin debate político un compromiso que vinculará a varios gobiernos futuros.

Propaganda al margen, lo que Sánchez acaba de decir es que va a comprometer el gasto militar para los próximos diez años, sin presupuestos y sin pasar por el Congreso. O sea, ha acordado que España pague, pero cuando él ya no esté. Patada para delante.

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 22, 2025

Una decisión estratégica sin control

No se trata de si España debe o no aumentar su gasto en defensa, sino de cómo y con qué legitimidad se decide. Las prioridades en política exterior y seguridad no pueden convertirse en atribuciones unipersonales ni en materia de propaganda. La decisión de comprometer a un país durante una década exige deliberación, rendición de cuentas y fiscalización democrática.

Aun sin llegar al 5%, España entrará en una dinámica de incremento sostenido del gasto militar. Y ese rumbo, aunque pueda tener justificación en el actual contexto internacional, debería ser decidido por el conjunto de los representantes electos, no por un acuerdo discreto entre el Ejecutivo y una alianza militar.

Toma, Alberto.

Que alguien te la traduzca. A ver si eso aclara tus dudas. pic.twitter.com/Dg5D9nrl2t

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 22, 2025

Un poder sin contrapesos

Sánchez ha logrado evitar el choque con la OTAN, pero al precio de comprometer recursos públicos a espaldas del Parlamento. En un contexto donde la opacidad mina la confianza ciudadana, la forma importa tanto como el fondo. El límite no es el 5% del PIB: el límite es el respeto institucional.

Lo que preocupa no es solo el monto, sino el precedente: comprometer durante una década los recursos de defensa sin consenso parlamentario es una decisión que trasciende gobiernos y exige una deliberación democrática sólida. Convertir acuerdos internacionales en gestos personalistas debilita el sistema institucional y erosiona la legitimidad de las decisiones de Estado.

El fondo del asunto es claro: no se puede construir una política de seguridad eficaz sin legitimidad interna. Y esa legitimidad no se obtiene con cartas compartidas en redes sociales, sino con debates públicos, rendición de cuentas y respeto a las formas republicanas.