
La condena exprés de Álvaro Baltodano Cantarero, exgeneral y exasesor presidencial, no es un hecho aislado. En las semanas siguientes al fallo, se confirmaron al menos siete arrestos adicionales, incluyendo antiguos funcionarios del aparato económico del sandinismo y dos empresarios ligados a la exportación de café. La represión ha adquirido un nuevo carácter: silenciosa, selectiva y quirúrgica, dirigida a figuras históricas que en algún momento mostraron distancia o independencia.
Según fuentes del sistema judicial nicaragüeense, la Fiscalía General está revisando contratos públicos de la década pasada en busca de "indicios de deslealtad o desviación ideológica". Esto ha generado una atmósfera de paranoia en los sectores vinculados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), donde cualquier rastro de autonomía es ahora motivo de sospecha.
La figura de Baltodano tiene un peso simbólico. Fue uno de los cerebros económicos del sandinismo, director de ProNicaragua y pieza clave en los acuerdos comerciales con China, Venezuela y Cuba. Su caída revela un giro autoritario que no distingue entre adversarios externos y aliados antiguos.
Organismos como Human Rights Watch y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han calificado el proceso como un "caso de represalia institucional" y alertan sobre la normalización del uso del sistema penal como instrumento de consolidación política. La modalidad del juicio, transmitido solo dentro del penal y sin posibilidad de defensa externa, se asemeja a patrones observados en Cuba e Irán.
Según reportes, el Alto Mando del Ejército fue convocado a una reunión privada tras la sentencia a Baltodano. El objetivo: "revisar lealtades". Se habla de rotaciones inminentes en zonas clave como el Atlántico Norte y la frontera con Costa Rica, donde unidades estratégicas podrían pasar a manos de oficiales más jóvenes formados bajo la línea Ortega-Murillo.
Voceros extraoficiales han mencionado que Julio César Avilés, jefe del Ejército, solicitó prórroga de su cargo hasta 2027, un intento por garantizar estabilidad interna y evitar una purga directa en la institución armada. No obstante, hay divisiones internas: al menos cuatro generales habrían manifestado preocupación por el rumbo de las detenciones.
Respaldamos y nos sumamos a la carta recibida con más de 600 firmas en demanda de respeto a la integridad y la libertad incondicional de Henry Ruiz Hernández, preso político de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en #Nicaragua. El régimen es responsable del bienestar… pic.twitter.com/akQJdNdVV8
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 31, 2025
Fuentes de la Unidad de Análisis Financiero revelaron que el gobierno inició una auditoría interna a empresas vinculadas a exfuncionarios. El objetivo sería desmontar núcleos de poder económico independientes y consolidar el control de las exportaciones bajo redes alineadas al oficialismo. En paralelo, el sistema bancario enfrenta presiones para denunciar operaciones "sospechosas", lo que ha derivado en el cierre de cuentas a personalidades críticas del gobierno.
Nicaragua está entrando en una fase de "autocratización avanzada", donde la concentración de poder deja de necesitar legitimación social para sostenerse. A diferencia de otras purgas, esta se opera con una mezcla de tecnocracia y miedo: el mensaje es claro, "nadie está a salvo", ni siquiera los fundadores del proceso revolucionario.
Estados Unidos, España y Chile condenaron públicamente la detención de Baltodano. Sin embargo, más allá de declaraciones diplomáticas y sanciones personales, no se ha definido una estrategia concreta para presionar al régimen. La OEA se encuentra paralizada por falta de consenso, mientras que la ONU mantiene solo un monitoreo pasivo.
Por su parte, el Parlamento Europeo debatió un posible embargo total al comercio militar con Managua, aunque fuentes diplomáticas admiten que sin apoyo de América Latina la medida tendría poco efecto. En este contexto, el régimen sigue afianzando vínculos con Teherán y Moscú, consolidando un eje de aliados con baja exigencia democrática.
Por si fuera poco, en #Nicaragua la policía no sólo agrede a los periodistas, también los amenaza de muerte.
— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) February 26, 2020
Esto ocurrió mientras cumplían con su trabajo. Las dictaduras socialistas atacando a la Prensa para ocultar sus violaciones. pic.twitter.com/uKEZD6BKq6
El caso Baltodano no sólo refleja la radicalización del sandinismo gobernante, sino que anticipa una reconfiguración total del poder interno. Ya no se trata solo de silenciar a la oposición tradicional, sino de reprimir cualquier voz crítica dentro del sistema. Si se mantiene esta tendencia, podría abrirse un nuevo ciclo de exilio para exfuncionarios, militares y empresarios cercanos al oficialismo.
Las posibilidades de una transición pactada se reducen, salvo que haya fractura interna en el Ejército o un colapso macroeconómico. Mientras tanto, la estrategia de Ortega parece clara: gobernar desde el aislamiento y consolidarse en el miedo.