Milei vetó la ley de emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca

El presidente Javier Milei decidió vetar en su totalidad la Ley 27.790, que declaraba la emergencia y desastre en Bahía Blanca y en el partido vecino de Coronel Rosales por un plazo de 180 días, a raíz de la devastadora tormenta del pasado 7 de marzo. La medida fue oficializada mediante el Decreto 424/2025 y justificada con el argumento de que “los fondos contemplados por la normativa ya fueron ejecutados”.

Sin embargo, según datos oficiales, cerca de 4.000 personas aún no cobraron el subsidio correspondiente, mientras que a otras 1.500 se les denegó la ayuda. Es decir, alrededor del 15% del total de solicitantes —unos 5.500 casos— continúan sin respaldo efectivo.

El Gobierno aseguró que las acciones planteadas por la ley ya están contenidas en el Decreto 238/2025, que creó el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. No obstante, desde distintos sectores advierten que la nueva ley incluía medidas más amplias, como la creación de un fondo especial de 200.000 millones de pesos, exenciones impositivas, una moratoria por 180 días, créditos blandos vía el Banco Nación y la ejecución de obras públicas con empleo local.

El Ejecutivo también señaló que la normativa vetada “no contaba con una asignación presupuestaria específica”, lo que, según argumentaron, “viola la Ley de Administración Financiera”. No obstante, expertos subrayan que existen partidas interministeriales diseñadas precisamente para enfrentar situaciones de desastre y emergencia.

Un aspecto que no fue mencionado en el decreto de veto es que el proyecto de ley no se limitaba únicamente a la entrega de subsidios, sino que destinaba una parte importante de los fondos a obras de reconstrucción, fundamentales para la recuperación de la infraestructura local y regional. Entre ellas, se destacan las tareas necesarias para rehabilitar vías férreas que conectan a Bahía Blanca con el norte y oeste del país, incluyendo el corredor estratégico entre Vaca Muerta y el puerto bahiense.

El rechazo del Ejecutivo generó malestar en sectores sociales y políticos que venían advirtiendo sobre las demoras en la asistencia oficial. De hecho, en los últimos días se registraron protestas y acampes en barrios afectados como Ingeniero White.

A pesar de que el programa SUR se encuentra en curso, el Gobierno nacional se negó a implementar la nueva ley aprobada por el Congreso, alegando que ya se destinaron 200.000 millones de pesos al tema y que no hay recursos adicionales disponibles para su ejecución.