Revancha federal: las provincias exigen su parte del ajuste

En un día que puede convertirse en bisagra de la relación política entre las provincias y la Nación en la Argentina libertaria, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño firmaron una solicitada, reclamando recursos a la Administración Central y presentando una alternativa concreta a la falta de financiamiento.

Semanas atrás, los titulares de las provincias se habían reunido en el Consejo Federal de Inversiones para tratar el tema y designaron un grupo más pequeño para trasladar sus demandas al jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos. O la respuesta no satisfizo el reclamo, o bien no hubo respuesta alguna. 

Como sea, ayer se volvieron a reunir, y en una inédita asistencia perfecta, acordaron presentar un proyecto de ley para modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles y del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, de modo tal que “tanto Nación como las 24 jurisdicciones puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada uno defina”.

Junto a gobernadores de todas las provincias y el jefe de Gobierno de CABA acordamos en la reunión en el @CFI_Argentina la presentación de un proyecto de ley para garantizar la distribución equitativa de los recursos coparticipables que les pertenecen a las provincias.

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— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 23, 2025

En primer lugar, cabe destacar que el Impuesto a los Combustibles viene recuperándose sostenidamente desde la asunción del presidente Javier Milei, ya que el Gobierno viene actualizando su monto.

Éste no se define como una alícuota del precio de la nafta, gasoil u otro sino que es un monto fijo por litro. Si no se actualiza, su valor se licúa, pero no es el camino que viene adoptando el Ministerio de Economía, liderado por Luis “Toto” Caputo. 

Así, luego de un primer trimestre de 2024 de fuerte contracción, en el marco de la aceleración inflacionaria y el piso de actividad, la recaudación de este tributo acumula 14 meses consecutivos de crecimiento interanual en términos reales. En febrero de este año, de hecho, llegó a incrementarse 302,5% respecto a 2024.

Este importante crecimiento del Impuesto a los Combustibles aumentó el peso de este tributo sobre la recaudación total: mientras que, en 2023, el Impuesto a los Combustibles representaba el 1,2% de la recaudación total, en 2024 subió a 1,9% y en los primeros 5 meses de 2025 alcanza el 2,3%. En montos nominales, de enero a mayo de 2025, se recaudaron bajo este concepto 1,6 billones de pesos.

Ahora bien, ¿cómo se distribuye -hasta ahora- este tributo?

De acuerdo con la legislación vigente, de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles, se destina:

• 10,40% al Tesoro Nacional
• 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI, que a la vez se distribuye entre las provincias) 
• 10,40% a las Provincias
• 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la
• atención de las obligaciones previsionales nacionales
• 2,55% a la Compensación Transporte Público 
• 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica 
• 28,58% al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte 

El asunto es que estos dos últimos conceptos no están siendo utilizados para los fines para los que fueron creados, esto es:

1- En el caso del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, se supone que esos recursos deben destinarse al “desarrollo de proyectos, obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica, de recuperación de tierras productivas, de control y mitigación de inundaciones, de protección de infraestructura vial y ferroviaria y de obras de saneamiento”. 

En 2024, se “ahorraron” en ese Fondo más de $85.000 millones, que podrían haberse destinado a infraestructura. El propio Ministerio de Economía reconoce que dicho ahorro se basó en “la caída de los gastos de capital”. En términos reales, la inversión cayó 96% respecto a 2023.

2- En lo que respecta al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, en 2024 se ahorraron en ese Fondo casi $400 mil millones que debieran haber ido a financiar proyectos de infraestructura de transporte. La inversión cayó 80% respecto a 2023.

Eliminación de fondos fiduciarios

A diferencia de los más de 25 Fondos Fiduciarios y Fideicomisos que eliminó la gestión libertaria, estos dos últimos se mantuvieron y se utilizaron esos casi $500.000 millones para abultar el superávit fiscal y financiero de Nación,  en detrimento de las transferencias de capital a las provincias, que en 2024 cayeron 96% en términos reales respecto a 2023. Esto redunda en peor infraestructura en salud, educación, transporte, vivienda, agua y alcantarillado, etcétera.

Lo que proponen los gobernadores es modificar la estructura de la distribución del Impuesto a los Combustibles, de modo tal de apropiarse de esos recursos que hoy están siendo retenidos por Nación. La nueva distribución que plantean sería:

• 10,40% al Tesoro Nacional
• 58,36% a las Provincias
• 28,69% al Sistema Único de Seguridad Social, para ser destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales.
• 2,55% a la Compensación Transporte Público. 

De este modo, las provincias podrían recibir más del doble de lo que reciben actualmente y decidir libremente su destino, sin depender de la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional

Los aportes del Tesoro Nacional

Además, los gobernadores también reclaman el ATN a las Provincias, constituido por el 1% de la masa coparticipable, que se supone fue creado para “atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”.

En 2024, este Fondo recaudó $680.000 millones, de los cuales sólo giró a las provincias el 7% ($49.800 millones). En lo que va de 2025, el Fondo recaudó más de $365 mil millones y sólo giró a las provincias el 26% ($94.000 millones).

El resto, es decir, $630.000 millones en 2024 y $270.000 millones en 2025, nuevamente, fueron destinados a abultar el resultado fiscal y financiero de la Nación, en detrimento de las cuentas provinciales.

Por ello, los gobernadores señalaron en el comunicado que “en el marco de la crisis económica que afecta los ingresos”, proponen que esos fondos sean distribuidos de acuerdo con las normas de la coparticipación, accediendo a ellos sin depender de la buena voluntad del gobierno nacional.

En suma, los gobernadores de las provincias argentinas exigen reducir la discrecionalidad con la cual la Casa Rosada administra los recursos -agravado por la prórroga del Presupuesto nacional por dos períodos consecutivos- en un contexto en el cual deben afrontar gran parte de los gastos que Nación ha abandonado, por caso, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), los subsidios al transporte de pasajeros y, lo que más preocupa a las provincias: la obra pública.