Elecciones internas
25/06/2025 - Edición Nº869
Internacionales
Libertad en riesgo
Crecen las denuncias por censura en México bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum
24/06/2025 | Sanciones judiciales, reformas legales y acusaciones de violencia de género están siendo utilizadas como herramientas para silenciar críticas en redes y medios.
Claudia Sheinbaum, presidente de México.
México enfrenta una creciente polémica por el uso de mecanismos legales que, lejos de proteger derechos, parecen estar siendo utilizados para acallar voces críticas. Casos recientes muestran cómo figuras del periodismo y usuarios de redes sociales han sido sancionados por sus opiniones, muchas veces bajo acusaciones de "violencia política de género" cuya legitimidad está siendo cuestionada. Estas medidas han generado alarma en diversos sectores, que las consideran una amenaza a la libertad de expresión en pleno año electoral.
El caso de Karla Estrella, una usuaria de redes sociales en Hermosillo, ilustra el fenómeno. Fue obligada a retirar publicaciones, ofrecer disculpas durante un mes, pagar una multa y quedó registrada por el INE como sancionada durante 18 meses. Todo por haber cuestionado a una diputada de Morena. Para organizaciones como Artículo 19, este tipo de acciones pone en riesgo el debate democrático y vulnera derechos fundamentales de expresión.
Instrumentalización de la violencia de género
La figura legal de violencia política de género fue creada para proteger a las mujeres en espacios de poder, pero su aplicación reciente ha generado controversias. Activistas denuncian que se ha convertido en una herramienta punitiva y estratégica contra voces críticas, principalmente mujeres, que señalan a funcionarias o políticas. En lugar de combatir el machismo, se estaría reforzando el silencio.
En Campeche, el periodista Jorge González fue vinculado a proceso tras publicar críticas al gobierno estatal. Casos similares afectan a reconocidos nombres como Héctor de Mauleón y medios como SinEmbargo o Código Magenta. En todos ellos, la narrativa oficial parece seguir un mismo patrón: utilizar demandas para desgastar y callar, incluso si los casos no prosperan en tribunales.
Una nueva "Ley Mordaza"
El Congreso de Puebla ha profundizado la preocupación al aprobar una reforma que introduce el delito de "ciberasedio". De acuerdo con esta nueva legislación, insultar o incomodar a alguien en redes sociales podría implicar penas de hasta tres años de prisión. La ambigüedad del término genera inquietud sobre su potencial uso discrecional.
Organizaciones como la CNDH, la Red de Periodistas de Puebla y Artículo 19 han advertido que esta reforma puede tener un efecto paralizante en medios de comunicación, activistas y ciudadanos comunes. La ley, afirman, no distingue entre crítica legítima y acoso, dejando un amplio margen de interpretación a las autoridades judiciales.
Un contexto electoral delicado
Este clima de creciente censura ocurre en el marco de uno de los procesos electorales más grandes en la historia reciente de México. En este escenario, el control de la narrativa pública se vuelve central para los actores políticos, y el uso de herramientas judiciales para limitar la disidencia cobra un sentido estratégico. Las redes sociales, antes consideradas espacios de libertad, están ahora bajo vigilancia.
La censura ya no requiere del uso de la fuerza estatal: basta con un procedimiento administrativo, una multa o una inhabilitación temporal para condicionar el discurso público. El miedo a ser sancionado ha generado una autocensura progresiva que debilita los contrapesos fundamentales de la democracia.
AUMENTA LA CENSURA A PERIODISTAS EN MÉXICO: EXPERTOS
— LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 20, 2025
📢 El gobierno impulsa leyes que permiten espionaje, bloqueo de contenidos digitales y castigos a medios incómodos, denuncian organizaciones.
Cada tres semanas hay una nueva demanda contra periodistas, muchas por investigar… pic.twitter.com/bgBKGOWFGU
Un país censurado
El uso político de figuras jurídicas como la violencia política de género y la aprobación de leyes vagas como la de Puebla marcan un giro preocupante hacia un modelo en el que la legalidad se instrumentaliza para restringir derechos. Aunque estas medidas se presentan como avances para proteger a grupos vulnerables, su aplicación evidencia una voluntad de control sobre el discurso ciudadano y la crítica legítima.
En un país con un historial complejo respecto a la libertad de prensa, este nuevo panorama refuerza dinámicas de intimidación más sutiles, pero igualmente efectivas. Las sanciones por opinar en redes, sumadas a la amenaza de prisión por "ciberasedio", podrían consolidar una forma de censura institucionalizada que debilita profundamente el pluralismo democrático en México
