
Colombia está a punto de vivir otro acto simbólico del gobierno de Gustavo Petro: la sanción de la reforma laboral, prevista para el próximo 5 de julio en Bogotá. Aunque el Ejecutivo presenta la iniciativa como una "reparación histórica", numerosos sectores alertan que se trata de una reforma desconectada de la realidad del mercado laboral y funcional a la estrategia política del petrismo.
Según informó la Casa de Nariño, el evento tendrá carácter público, con participación de sindicatos y figuras afines al oficialismo. En este contexto, las voces críticas advierten que se busca convertir una norma cuestionada en un instrumento de campaña, en medio de un clima de creciente polarización política.
El evento contará con la participación de sindicatos y sectores cercanos al gobierno, y será transmitido como una victoria de los trabajadores. Pero detrás del simbolismo, los datos oficiales son alarmantes: el 74 % del empleo generado en 2025 ha sido informal o por cuenta propia, según el DANE.
Esto pone en evidencia una falla estructural: la reforma no aborda la informalidad masiva que afecta a la mayor parte del mercado laboral. Su impacto, según analistas, sería marginal en la mejora real de las condiciones de trabajo para millones de colombianos.
Aunque la norma elimina los contratos por horas y extiende beneficios a trabajadores de plataformas digitales, no incluye un plan realista de formalización laboral. La falta de mecanismos concretos genera escepticismo incluso entre sectores que comparten el diagnóstico del problema.
Actualmente, el 55 % de los trabajadores colombianos siguen en la informalidad, y los instrumentos propuestos por la ley apenas alcanzan a una parte reducida del universo laboral. La reforma puede quedar reducida a una declaración de principios sin efectos tangibles.
El presidente Petro derogó el decreto de la consulta popular tras aprobarse la reforma laboral.
— La Silla Vacía (@lasillavacia) June 24, 2025
🗳️Sin embargo, acto seguido, anunció que pondrá una 'octava papeleta' en las elecciones para convocar una asamblea constituyente. Con esto profundiza su deriva autoritaria.
Va 🧵 pic.twitter.com/PbQlEyYGfc
Gremios empresariales advierten que los nuevos costos derivados de recargos dominicales, nocturnos y vacaciones ampliarán la rigidez del sistema. Esto podría traducirse en menor generación de empleo formal y mayor uso de la tercerización, especialmente en el sector privado.
Muchos expertos coinciden en que la reforma tiene un sesgo ideológico y que fue diseñada sin evaluaciones técnicas independientes. Para ellos, responde a una visión política más que a una estrategia integral de modernización del empleo.
La historia de la reforma está marcada por decisiones institucionales controvertidas. Petro intentó imponerla por decreto, luego promovió una consulta popular que fue anulada por la Corte Constitucional.
Con la aprobación legislativa, el mandatario busca capitalizar políticamente su contenido y está evaluando incluir una papeleta para convocar una asamblea constituyente en 2026. Este movimiento genera nuevas alertas sobre la consolidación del poder presidencial.
Un proyecto de campaña permanente
Desde sectores independientes se señala que la reforma no responde a un diagnóstico técnico, sino a una estrategia de consolidación de base electoral. Petro insiste en presentarla como un logro histórico, pese a los datos que muestran un mercado laboral fragmentado y precario.
Su aprobación, celebrada como una victoria, coincide con un descenso del desempleo al 8,8 %, pero sin aclarar que buena parte de ese empleo es informal. La narrativa triunfalista del gobierno omite deliberadamente este matiz.
Vamos a unirnos ante este llamado que hace @FenalcoNacional para exigirle a los congresistas que ARCHIVEN la nefasta reforma laboral de Petro. pic.twitter.com/qoavhM5uJ1
— EVERSTRONG (@everstrongever) June 18, 2025
La reforma laboral impulsada por Petro aparece más como un instrumento de narrativa política que como una herramienta efectiva de transformación estructural. Las carencias técnicas, la informalidad persistente y el uso institucional de la sanción como acto proselitista refuerzan la percepción de un gobierno centrado en el relato, no en la ejecución.
A medida que se acerca el ciclo electoral de 2026, el petrismo parece decidido a blindar simbólicamente sus reformas. Pero su aplicación real, según analistas, sigue siendo incierta y su impacto estructural, limitado.