
A cinco días de la finalización del esquema de baja temporal en los derechos de exportación para el complejo granario, el Gobierno sigue sin dar señales definitivas sobre una extensión de este beneficio en soja y maíz. En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a este tema. Ante una consulta periodística, sostuvo que “el esquema nunca se modificó, lo que se hizo fue una modificación transitoria, todavía no hay ninguna definición al respecto”.
Hasta el momento y más allá de la continuidad de esta reducción en trigo y cebada, que se extenderá hasta marzo de 2026, el Gobierno nacional reafirmó -en cada oportunidad que tuvo a mano- que esto no se replicará en soja y sus derivados y maíz. A partir de la semana que viene, el poroto volverá a su nivel de 33%, los derivados a 31% y el maíz al 12%.
Las fuentes de la industria consultadas por este medio confirmaron esto. “Únicamente sale un decreto de baja de derechos de exportación para trigo y cebada”, señaló un vocero, que también adelantó que el decreto para los cereales se publicará en el transcurso de esta semana.
En este sentido, la fuente ratificó a NewsDigitales que “el Gobierno ha ratificado su decisión de emitir un decreto de baja de retenciones en trigo y cebada, pero más allá de esto creemos que están dadas las condiciones para mantener la baja en soja y maíz”.
Las entidades provinciales que representan al agro también comenzaron a hacer sentir su disconformidad. La semana pasada, la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), reclamó por la quita total de este impuesto.
Hace dos días, se conocieron nuevos reclamos, que se enfocaron en reiterar el pedido de la eliminación total de las retenciones para todos los cultivos. Pero a diferencia de otras ocasiones, por el momento las bases agropecuarias no analizan llevar a cabo protestas y cortes de rutas, para visibilizar esta situación.
A las voces que reclamaron la quita de este impuesto, se sumó el Distrito 4 de la Sociedad Rural, con sede en la provincia de Córdoba. Los ruralistas advirtieron que “al agro sigue esperando decisiones de fondo que, de una vez por todas, atiendan los graves problemas de competitividad, cuya raíz principal son los derechos de exportación”.
También remarcaron que este impuesto “no solo ha golpeado a las empresas agropecuarias, también alcanza a las regiones, pueblos y provincias donde la cadena agroindustrial define el desarrollo, empleo y calidad de vida de quienes apostamos por el interior del país”.