
Citigroup, uno de los principales grupos financieros del mundo, enfrenta un nuevo obstáculo en su intento de retirarse del negocio minorista en México. La venta de su filial Banamex, una operación que lleva años estancada, ha vuelto a complicarse tras la reactivación de un millonario juicio vinculado al escándalo de la naviera Oceanografía. La corte de apelaciones del Undécimo Circuito en Estados Unidos revivió la demanda de 39 acreedores, quienes acusan al banco de haber actuado con dolo en el colapso de la empresa proveedora de Pemex.
La acusación contra Citigroup no es menor: los demandantes aseguran que el banco se benefició directamente del fraude al haber colaborado con ejecutivos de Oceanografía para inflar ingresos y comisiones, generando pérdidas por más de USD 1.000 millones. La decisión judicial devuelve el caso a instancias inferiores y señala que, según la evidencia, Citigroup "no pudo haber ignorado" la magnitud de las irregularidades. Este nuevo frente legal amenaza con desestabilizar no solo el futuro de Banamex, sino también la credibilidad del banco en el ámbito corporativo internacional.
El caso Oceanografía explotó en 2014 cuando se reveló que la empresa, entonces una de las mayores contratistas de Pemex, había presentado facturas apócrifas para obtener financiamiento del propio Banamex. El fraude ascendía inicialmente a USD 400 millones, pero con el tiempo emergieron otras cifras y actores involucrados. Las autoridades mexicanas intervinieron la empresa, y su dueño, Amado Yáñez, fue encarcelado.
Desde entonces, Oceanografía ha sostenido que no actuó sola y ha acusado a funcionarios de Pemex y empleados del banco de haber montado una operación para hundir a la naviera y tomar control de sus activos. La narrativa de la conspiración ganó fuerza cuando se mencionó la participación de altos funcionarios, incluyendo al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, hoy en prisión por otros casos de corrupción.
Citigroup había anunciado en 2022 su intención de vender Banamex, una de sus operaciones más emblemáticas en América Latina. La venta directa a un comprador privado fracasó entre temores regulatorios, conflictos con sindicatos y una maraña de litigios no resueltos. Entre estos, el caso Oceanografía destacó como el más riesgoso.
Frente a este escenario, el banco cambió de estrategia y ahora planea una oferta pública de acciones (OPA) para desprenderse de su filial. Sin embargo, la reactivación del juicio en EE. UU. por USD 1.000 millones revive las dudas sobre el valor real de Banamex, sus pasivos ocultos y el apetito del mercado para asumir esos riesgos legales. La OPA, que debía ejecutarse antes de fin de 2025, podría retrasarse o verse devaluada.
La corte estadounidense no solo admitió que la demanda tiene méritos, sino que argumentó que Citigroup pudo haber actuado de forma negligente o incluso cómplice. Esto abre la puerta a una cascada de procesos judiciales, tanto en México como en otros países donde el banco tiene presencia, y podría derivar en sanciones multimillonarias.
Para los acreedores de Oceanografía, este fallo representa una victoria simbólica y una oportunidad para obtener compensaciones. Pero para Citigroup, se trata de un golpe reputacional que complica su retirada del mercado mexicano y pone en jaque su control de daños. La venta de Banamex ya no es solo una decisión financiera: se ha convertido en un campo minado judicial.
La reactivación del juicio por el caso Oceanografía marca un punto de inflexión en la relación entre las grandes corporaciones financieras y los marcos regulatorios transnacionales. Lo que Citigroup enfrentó inicialmente como una crisis local, hoy emerge como un problema sistémico que le impide realizar una salida limpia de México. La estrategia de vender Banamex, que parecía la solución más pragmática, se ha vuelto inviable sin resolver primero los pasivos judiciales.
Este episodio revela cómo los escándalos corporativos no resueltos pueden transformarse en obstáculos estructurales. Para Citigroup, el costo de mantener a Banamex crece día a día, pero su venta también representa un riesgo si no logra blindarse legalmente. Mientras tanto, la banca mexicana sigue atrapada en una telaraña de litigios heredados del sexenio de Peña Nieto, cuya sombra aún pesa sobre el sistema financiero del país.