Gustavo Petro vs. Efraín Cepeda: ¿Quién decide sobre los recursos del Fonpet?

El presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, se enfrentan por una reforma clave sobre el uso de los excedentes del Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales). La norma permitiría a alcaldes y gobernadores utilizar directamente estos recursos, que en 2024 sumaron 4,24 billones de pesos colombianos, sin pasar por el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno objeta la reforma por considerarla inconstitucional e inconveniente, alegando que liberar estos fondos podría generar un desequilibrio fiscal, ya que parte de ellos proviene aún del presupuesto nacional. A pesar de esta objeción, el Congreso, liderado por Cepeda, se prepara para sancionar la ley, argumentando que el Ejecutivo no respondió a tiempo dentro del plazo legal.

Razones del conflicto fiscal

Desde el Ejecutivo, se sostiene que los recursos del Fonpet deben mantenerse controlados hasta que el fondo pueda cubrir por completo sus obligaciones pensionales. Según el Gobierno, anticipar su uso podría desfinanciar sectores esenciales como salud y educación, que dependen de esos recursos a largo plazo.

Los ministros de Hacienda y Trabajo respaldan esta postura, advirtiendo que permitir el uso inmediato de los excedentes podría vulnerar la estabilidad macroeconómica. Para la administración Petro, liberar fondos sin garantías de sostenibilidad compromete las finanzas del país y los compromisos pensionales futuros.

El plazo legal y el rol de Cepeda

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha sostenido que la objeción presidencial llegó un día después del límite legal. Mientras la Casa de Nariño envió su rechazo el 20 de junio, el plazo vencía el 19, lo que, según el Congreso, le otorga la facultad de sancionar directamente la ley, sin necesidad de la firma del presidente.

Con base en este argumento, Cepeda ya ha firmado tres leyes objetadas por el mandatario, entre ellas la reforma del Fonpet. El senador apela al artículo 168 de la Constitución, que permite al Congreso promulgar normas cuando el Ejecutivo incumple los plazos establecidos para su revisión.

La voz de los territorios

La mayor parte de los gobernadores respaldan la reforma. Juvenal Díaz, de Santander, estima que podría invertir 200.000 millones de pesos anuales en proyectos de infraestructura, salud y mitigación de riesgos, sin tener que esperar autorizaciones nacionales.

Incluso mandatarios locales afines al petrismo, como Carlos Amaya de Boyacá, han apoyado la iniciativa. Consideran que representa un avance hacia la autonomía fiscal regional, permitiendo a las entidades ejecutar obras que reflejen sus prioridades locales.

El núcleo del dilema político

Este nuevo episodio no es aislado, sino parte de un patrón de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Desde mediados de 2024, Petro ha impulsado reformas por decreto, promovido consultas populares y desconocido decisiones judiciales, lo que ha intensificado la confrontación entre poderes.

Cepeda ha acusado al presidente de extralimitarse y desinformar, mientras que Petro lo ha calificado de representar intereses conservadores contrarios al cambio. Esta confrontación institucional está moldeando la gobernabilidad del país en un año crucial para el futuro político de Colombia.

#Noticia | “Mucho HP”, así le dijo el presidente Gustavo Petro al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, por oponerse a la consulta popular que impulsa su Gobierno para revivir la reforma laboral que hundió la Comisión Séptima del Senado. pic.twitter.com/cYIZmf1qwf

— La FM (@lafm) April 24, 2025

Conflicto institucional 

Es altamente probable (alrededor del 70 %) que la reforma refleje una demanda auténtica de mayor autonomía territorial. Sin embargo, el intento por descentralizar recursos sin los controles adecuados podría socavar la disciplina fiscal y provocar tensiones intergubernamentales más profundas.

El verdadero núcleo del conflicto no es técnico, sino político e institucional. La Corte Constitucional tendrá que determinar no solo la validez formal de la ley, sino también si Colombia está preparada para un nuevo equilibrio entre nación y regiones en la gestión de fondos públicos.