Frigerio congeló los salarios de funcionarios en Entre Ríos

“La situación económica de la provincia sigue siendo muy delicada. La coparticipación y la recaudación propia no logran recuperarse. Las transferencias presupuestarias de Nación prácticamente han desaparecido. Y los vencimientos de la deuda pública contraída por la gestión anterior consumen una parte significativa de nuestros ingresos”, explicó el mandatario al fundamentar la decisión.

Frigerio recordó que a comienzos de agosto Entre Ríos deberá afrontar pagos por cerca de 60 millones de dólares en concepto de capital e intereses correspondientes a un bono emitido en Nueva York en 2017, durante la gestión del exgobernador justicialista Gustavo Bordet.

“En este contexto difícil —agregó— seguimos sosteniendo la importancia de una gestión responsable de los recursos públicos. Tenemos que tomar decisiones que preserven la estabilidad financiera de la provincia y que nos permitan cumplir con nuestras obligaciones indelegables. Y ese esfuerzo tiene que empezar, sin dudas, por la política”, argumentó el gobernador.

La propuesta, que entrará en vigencia el 1° de julio, también alcanza a entes autárquicos, organismos autónomos, sociedades y empresas del Estado. Sin embargo, se aclaró que excluye los sueldos de los empleados estatales y de los docentes, cuyos ingresos continuarán siendo determinados mediante negociaciones paritarias.

El decreto también señala que el equilibrio fiscal es un “deber del Estado” consagrado en el artículo 35 de la Constitución provincial de 2008. Por ello, se adoptaron medidas “en todos los ámbitos con el objetivo de continuar con la atención de las obligaciones fundamentales”. Días atrás, el Gobierno provincial también había dispuesto un recorte en el pago de horas extras a ciertos sectores del Estado, lo que generó malestar en los gremios estatales.

En el texto oficial, Frigerio invitó a los otros poderes provinciales a adherir a la medida. Con mayoría parlamentaria en ambas cámaras, el oficialismo tiene margen para avanzar en esa dirección. A poco de conocerse la resolución, el bloque de diputados oficialistas emitió un comunicado en el que expresó su respaldo: “Avalamos la decisión anunciada por el Poder Ejecutivo. Porque somos conscientes de que hay que salir de esta situación de crisis, que heredamos y no buscamos, pero que obliga a actuar sin especulaciones y con la seriedad que el momento merece”.

La gran incógnita gira en torno a la postura que tomará el Poder Judicial. Consultada por este medio, una fuente de alto rango del sector judicial reconoció que aún deben debatir internamente el asunto. “Tenemos que charlarlo”, fue la escueta respuesta que surgió desde Tribunales. Cabe recordar que al inicio de la gestión, cuando el Ejecutivo frenó la obra pública, el Poder Judicial optó por acompañar esa decisión. Resta saber si ahora asumirá una actitud similar.

En cuanto a los plazos del congelamiento, el decreto no establece una duración determinada. No obstante, el artículo 4° faculta al ministro de Hacienda, Fabián Boleas, a modificar o levantar la medida mediante resolución, en función de cómo evolucionen las finanzas provinciales.