Durante el cumplimiento de su condena
27/06/2025 - Edición Nº871
Internacionales
Censura digital
México: Puebla aprueba prisión por insultos en redes y desata alarma entre periodistas
27/06/2025 | La nueva reforma a la Ley de Ciberseguridad en Puebla penaliza con hasta tres años de cárcel los insultos reiterados en redes sociales.
Congreso del Estado de Puebla.
Una polémica reforma en el estado mexicano de Puebla ha encendido las alarmas en todo el país. Desde el 13 de junio de 2025, insultar reiteradamente en redes sociales puede llevar a una persona a prisión por hasta tres años, según lo aprobado en la nueva Ley de Ciberseguridad local. La medida, que criminaliza el llamado "ciberasedio", ha generado un intenso rechazo por parte de periodistas, organizaciones civiles y defensores de derechos digitales.
El nuevo delito castiga a quienes ofendan con "insistencia" a otra persona en el entorno digital, cuando dicha acción cause un daño emocional identificable, incluyendo insultos, agravios o vejaciones. El castigo incluye además multas de hasta 300 días de salario mínimo, y las plataformas están facultadas para eliminar contenido sin necesidad de resolución judicial, lo que muchos ven como un precedente alarmante.
Riesgos para la libertad de expresión
La ambigüedad en la redacción del artículo 480 ha sido uno de los principales puntos de crítica. Organizaciones como Artículo 19 denuncian que los términos como "insultar" o "ofender" son demasiado vagos, y podrían ser usados para criminalizar críticas legítimas, especialmente contra funcionarios públicos. La falta de precisión legal deja abierta la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte de jueces o fiscales.
Puebla ya ha sido escenario de hostigamiento judicial a la prensa en más de veinte ocasiones desde 2018, según datos de Artículo 19. En ese contexto, la nueva reforma es vista por muchos como un intento de institucionalizar el acoso legal contra periodistas, disfrazado de protección contra delitos cibernéticos.
Una defensa polémica desde el gobierno local
Desde el Congreso de Puebla, la presidenta de la Junta de Gobierno, Laura Artemisa, defendió la ley como una herramienta para proteger a menores, combatir el acoso y prevenir delitos como el grooming o el espionaje digital. Según sus declaraciones, la intención es modernizar el marco legal para enfrentar los retos del entorno virtual, y no restringir la crítica o el debate público.
El gobernador Alejandro Armenta se sumó a esa postura, asegurando que la ley no es una mordaza, sino una respuesta necesaria ante el crecimiento de los delitos digitales. Sin embargo, el Ejecutivo estatal ha anunciado foros abiertos para recoger opiniones de la sociedad civil y, eventualmente, realizar ajustes si fuera necesario.
#NoNosCallarán
— Sociedad Civil México (@SocCivilMx) June 21, 2025
¿Sabías que en Puebla te pueden meter 3 años a la cárcel por expresarte en x-Twitter ? ¿Sabías que esto VIOLA tratados internacionales firmados por México?
Mira el video de @monica_rdv sobre la #LeyCensura. Es urgente, es real, es brutal.
Por favor comenta y… pic.twitter.com/5FfKYRlP02
Respuestas desde la sociedad civil
Diversos colectivos ya han comenzado a organizar recursos legales para frenar la aplicación de la reforma. Entre ellos se contemplan amparos e impugnaciones ante tribunales federales, con el argumento de que la ley viola principios constitucionales como la libertad de expresión y el debido proceso.
Asimismo, se han convocado foros de discusión con periodistas, abogados, académicos y ciudadanos, que apuntan a presionar a las autoridades para modificar el texto legal. La consigna es clara: prevenir que el derecho penal se use como herramienta de intimidación política.
Ya es oficial la censura en Puebla.
— Carlos Torres (@CarlosTorresF_) June 14, 2025
3 años de cárcel y multa si según el gobierno injurias o causen algún deshonor a políticos corruptos o señalados por sus excesos o irregularidades. pic.twitter.com/TWBi6I9MaC
La censura aumenta
La reforma aprobada en Puebla se enmarca en una tendencia preocupante de uso expansivo del derecho penal para regular la conversación digital. Aunque el combate a los delitos en línea es legítimo, hacerlo mediante normas vagas puede derivar en abusos que afecten desproporcionadamente a quienes disienten o critican al poder.
Más allá del contexto local, este caso sienta un precedente peligroso para otras entidades de México. Si la censura puede justificarse bajo el pretexto de proteger emociones, la frontera entre crítica y delito comienza a desdibujarse, debilitando una de las garantías fundamentales de cualquier democracia: la libertad de expresión.
