
Un nuevo escándalo sacude a la Policía de Córdoba. Este viernes, el fiscal Guillermo González dispuso la detención de siete personas, entre ellas el comisario general Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, actual director de la Policía Caminera, acusado de ser el jefe de una organización criminal con vínculos dentro y fuera de la fuerza.
Los delitos atribuidos son de una gravedad inusual para una estructura policial activa: asociación ilícita, coacción, extorsión, enriquecimiento ilícito, peculado y encubrimiento, entre otros.
De acuerdo con la investigación, los detenidos integraban una red que utilizaba información reservada proveniente de bases de datos oficiales -a las que solo puede acceder el personal policial- para realizar negociaciones extrajudiciales ilegales, cobrar deudas, asumir defensas penales y fijar honorarios en base a antecedentes penales confidenciales.
“Existen elementos que indican que las personas mencionadas habrían conformado una organización delictiva compuesta por efectivos policiales, abogados particulares y un civil”, señalaron desde la fiscalía. El núcleo de la acusación es que toda esta estructura trabajaba en conjunto para obtener beneficios económicos mediante el uso ilegítimo de información estatal.
Los siete acusados presentan perfiles que reflejan el nivel de penetración institucional del caso. Encabeza la lista Maximiliano Ochoa Roldán, quien hasta ahora dirigía la Policía Caminera y enfrenta imputaciones por ser jefe de la asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y encubrimiento.
También fueron detenidos Gabriel Élido Burkhard, acusado de coacción, extorsión y enriquecimiento ilícito; el comisario inspector y jefe de Asesoría Letrada, Leonardo Javier Torres, imputado por asociación ilícita; el comisario inspector Martín Darío Heredia, acusado por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito; Gastón Miguel Ochoa Roldán, abogado y hermano del director de la Caminera, también acusado de asociación ilícita.
Además, fueron apresados el comisario inspector de Protección de Testigos, Jorge Gutiérrez, por asociación ilícita y peculado; y Dante Villalba, suboficial y chofer en Jefatura, acusado de coacción y peculado.
El caso se originó en la localidad de Cosquín y derivó en once allanamientos simultáneos en puntos clave de Córdoba, Unquillo, La Calera y otras localidades del interior. Si bien la investigación se encuentra en etapa preliminar, las autoridades ya anticipan la posibilidad de nuevas detenciones e imputaciones.
LN