
La explosión del cohete Starship Ship-36 durante una prueba de motor en la base de SpaceX en Texas provocó que fragmentos cayeran sobre territorio mexicano, específicamente en una playa de Matamoros, Tamaulipas. El incidente marcó un nuevo capítulo en la relación entre la compañía aeroespacial de Elon Musk y las autoridades mexicanas, quienes ahora evalúan una posible demanda internacional por violaciones ambientales y amenazas a la soberanía nacional.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha ordenado una revisión legal para determinar si existen fundamentos jurídicos que permitan actuar contra SpaceX. Las autoridades mexicanas informaron que, tras la caída de los restos, se desplegaron equipos de Protección Civil, Profepa y Semarnat para realizar inspecciones y tomar muestras de agua y arena. Se detectaron materiales como plástico, aluminio y caucho.
Las consecuencias del incidente no son meramente técnicas. Organizaciones como Conibio Global alertaron sobre el impacto potencial en la biodiversidad local, especialmente en la fauna marina del litoral tamaulipeco. Las tortugas que anidan en la playa de Bagdad podrían haberse visto afectadas por los residuos del cohete, que incluyen materiales tóxicos y restos de combustión.
La Secretaría de Medio Ambiente advirtió que los residuos podrían alterar el equilibrio del ecosistema costero, agravando una situación ya frágil. Aunque no se han reportado muertes de especies hasta el momento, los efectos pueden manifestarse con el tiempo debido a la contaminación persistente.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, exigió una evaluación profunda sobre el cumplimiento de SpaceX con las regulaciones internacionales, en especial por la proximidad de sus pruebas a zonas habitadas. Recordó que esta no es la primera vez que fragmentos cruzan la frontera, lo cual incrementa la preocupación de los habitantes locales.
Villarreal destacó que, además del riesgo ambiental, existe un peligro directo para las personas que transitan o habitan la zona costera. El ejido La Burrita fue uno de los puntos afectados por la caída de tanques de gas y partes metálicas, sin que SpaceX haya ofrecido hasta el momento un plan de compensación o restauración ambiental.
La empresa fundada por Elon Musk comunicó que el operativo de recuperación de escombros se vio obstaculizado por la intervención de personas no autorizadas, y solicitó cooperación del gobierno mexicano para asegurar el acceso a las piezas. Sin embargo, el gesto fue percibido por algunos funcionarios como un intento de deslindarse de la responsabilidad.
Esta versión contrasta con la postura oficial mexicana, que exige una explicación detallada y pública sobre la falla del cohete, así como garantías de que no volverán a ocurrir hechos similares. El hecho de que la explosión ocurriera durante una prueba en tierra refuerza la preocupación sobre los controles técnicos de la compañía.
En los últimos seis meses, al menos tres incidentes similares se han documentado. En enero y marzo, pruebas de Starship provocaron caídas de restos en el mar Caribe y en las Islas Turcas y Caicos. En mayo, otro evento comprometió costas mexicanas. Esta acumulación de episodios genera inquietud en varios gobiernos de la región.
El gobierno de Estados Unidos autorizó recientemente a SpaceX a incrementar de cinco a 25 el número de lanzamientos anuales desde Texas. Esta decisión fue cuestionada por grupos ecologistas, quienes denuncian que las pruebas ponen en peligro especies vulnerables y entornos protegidos, tanto en territorio estadounidense como en zonas fronterizas.
El cohete de @SpaceX que explotó en su reingreso a la Tierra el pasado 27 de mayo ha contaminado la playa Bagdag en Tamaulipas. La asociación Conibio Global denunció que han encontrado residuos de la Starship en 40 km de la playa mexicana, poniendo en riesgo flora y fauna. pic.twitter.com/gGvj8Rqdfh
— Javier Matuk (@jmatuk) June 2, 2025
La posibilidad de una demanda formal contra SpaceX por parte de México abriría un precedente inédito en la regulación del espacio aéreo y la responsabilidad internacional por daños transfronterizos. Si el gobierno de Sheinbaum decide avanzar legalmente, podría sentar una base importante para exigir mayor control sobre la carrera aeroespacial privada.
Es altamente probable (80%) que este episodio incremente la presión sobre el gobierno estadounidense para revisar los permisos otorgados a SpaceX. La agenda medioambiental y la soberanía territorial se cruzan en un conflicto que trasciende la tecnocracia espacial y roza lo geopolítico.