Estados Unidos recorta su apoyo a ACNUDH en Colombia: medidas y efectos

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha comunicado la suspensión del financiamiento proveniente de Estados Unidos, lo que ha llevado al cierre de tres oficinas regionales y al despido de 46 profesionales, casi la mitad de su equipo en el país. Estas oficinas brindaban cobertura territorial a ocho departamentos -incluidos Antioquia, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta, Huila, Tolima y Caquetá-, zonas con alta incidencia de violencia y presencia de grupos armados.

La medida responde a un recorte significativo de fondos, ya que Estados Unidos era el principal donante de ACNUDH, representando entre el 25 % y el 50 % de su financiación global. El cierre de estas oficinas regionales implica que la agencia centrará sus actividades en Bogotá, con cuatro oficinas permanentes en regiones menos afectadas, mientras que las zonas impactadas pasarán a ser atendidas desde la capital, con desplazamientos puntuales.

Impacto sobre comunidades vulnerables

Se espera que la supresión del acompañamiento local tenga consecuencias directas sobre comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, que perderán la asistencia y el soporte técnico especializado que Acnudh proporcionaba, además de afectar a autoridades estatales y defensores de derechos humanos.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) ha manifestado su preocupación, catalogando estos recortes como una “pérdida significativa para las víctimas” y todas las entidades que construyen paz desde y con los territorios. Esto ocurre en un contexto alarmante, con un aumento de asesinatos de defensores, confinamiento forzado de poblaciones y reclutamiento de menores, según el informe anual de Acnudh presentado en febrero.

Un nuevo enfoque desde Bogotá

Scott Campbell, representante de ACNUDH en Colombia, informó que se analiza una estrategia para mantener la presencia territorial mediante equipos móviles operando desde Bogotá, aunque con prioridades reducidas. La agencia se plantea optimizar sus recursos y reconfigurar su mandato para poder sostener la protección y monitoreo de derechos humanos sin las oficinas cerradas.

Adicionalmente, Acnudh ha intensificado las gestiones diplomáticas con otros donantes, más aún en un momento clave por la coyuntura política y preelectoral en Colombia. Se busca atraer el apoyo de países europeos y fundaciones, en un contexto donde Alemania y otros ya habían realizado recortes significativos en cooperación hacia Colombia.

Efectos más allá de ACNUDH

Los recortes en el apoyo estadounidense también impactan a otras agencias de la ONU. ACNUR advierte que se han detenido programas clave como la atención a 17.000 menores migrantes y la regularización de 500.000 venezolanos, con consecuencias directas en acceso a salud, educación y empleo. UNICEF, por su parte, confirmó una reducción del 20 % en fondos, poniendo en riesgo la protección de 100.000 niños migrantes y la atención a 25.000 niños con desnutrición aguda.

Este panorama ha generado una crítica general: la falta de financiación pone en peligro programas humanitarios vitales, especialmente donde la presencia estatal es débil y existe fuerte influencia de estructuras criminales, como resaltan coordinadores de ONU como Mireia Villar. La reducción del 66,9 % de aportes de EE.UU. y recortes en otros estados europeos han dejado a más de 1,7 millones de personas sin atención, en riesgo de desatención masiva.

Fondos vitales 

En el corto plazo, esta reorganización puede limitar la capacidad de respuesta local, empeorando el riesgo para defensores, líderes y poblaciones vulnerables en zonas conflictivas. La atención desde Bogotá no suple el valor de la presencia continua, que es clave en la prevención y documentación de violaciones de derechos humanos. En el mediano plazo, depender exclusivamente de financiamiento externo sin diversificar fuentes pone a la cooperación internacional en una posición frágil ante decisiones políticas de gobiernos donantes.

La propuesta de cambiar a equipos móviles y atraer fuentes alternativas de financiamiento es acertada, pero su implementación será un desafío: requiere no solo recursos, sino coordinación logística, autorización estatal y compromiso constante de nuevos aliados. Si esto se logra, podríamos estar ante una oportunidad para modernizar el modelo de operaciones, haciéndolo más eficiente y sostenible. De lo contrario, el daño al tejido social y los avances en derechos podrían ser irreversibles.