Milman impulsa subir a 75 años la edad para acceder a prisión domiciliaria

Con el foco puesto en el caso del exgobernador José Alperovich, el diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto para modificar la edad mínima requerida para acceder a la prisión domiciliaria. La iniciativa, acompañada por la legisladora Marilú Quiros, busca elevar de 70 a 75 años el umbral para que personas condenadas puedan cumplir sus penas fuera de los establecimientos penitenciarios.

Alperovich, condenado por abuso sexual y beneficiado recientemente con el arresto domiciliario al cumplir 70 años, fue trasladado desde el penal de Ezeiza a su departamento en una torre de lujo en Puerto Madero. La decisión judicial provocó críticas y fue tomada como ejemplo por Milman para justificar su propuesta.

El proyecto plantea una reforma de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena y apunta también a casos emblemáticos como el de Cristina Kirchner, aunque se aclara que una eventual sanción no tendría efectos retroactivos sobre prisiones domiciliarias ya concedidas.

“Hay una marcada evolución de la esperanza de vida en la Argentina que fundamenta la modificación del articulado”, explicó Milman, citando datos del INDEC y del Ministerio de Salud que ubican la expectativa de vida en más de 76 años, e incluso por encima de los 80 en sectores urbanos y de altos ingresos.

Un informe del Ministerio Público Fiscal de 2021 reveló que el 58% de los condenados mayores de 70 años recibieron prisión domiciliaria sin una pericia médica independiente. Para Milman, esto contribuye a la percepción social de impunidad, en especial en delitos sensibles como los de corrupción o lesa humanidad.

En el caso de Alperovich, Milman criticó que el juez Juan Ramos Padilla haya concedido el beneficio sin evaluar con rigurosidad la situación médica del condenado. “Se trató de una decisión apresurada y carente de fundamentos sólidos”, señaló, aludiendo además al supuesto uso del régimen de visitas íntimas por parte del exmandatario en el penal.

El legislador del PRO aseguró que el nuevo límite etario no busca restringir derechos ni garantías, sino “actualizar la legislación penal en función de los parámetros demográficos actuales”, para preservar el carácter excepcional del beneficio y evitar que sea un atajo para eludir el cumplimiento de penas.

“Con un nuevo umbral de 75 años, preservaríamos la lógica de excepcionalidad, evitando que residencias de lujo se conviertan en extensiones del sistema penitenciario para quienes tienen poder o privilegios”, concluyó Milman, que buscará sumar apoyos para el debate en comisión.