Denuncian presuntas irregularidades en la gestión anterior de San Isidro

Una fuerte denuncia por posibles irregularidades sacude al municipio de San Isidro. Carlos Barboza, ex empleado con 26 años de servicio, reveló ante el Concejo Deliberante una presunta trama ilegal durante la pasada gestión de Gustavo Posse.

Según Barboza, en 2016 detectó que inspectores y funcionarios vinculados a la Secretaría de Tránsito declaraban autos particulares como robados y los retenían en el depósito fiscal para estafar a compañías de seguros.

El ex empleado agregó que, en varios casos, esos vehículos eran desmantelados para la reventa de autopartes o incendiados intencionalmente para encubrir el ilícito.

A pesar de haber elevado la denuncia en múltiples oportunidades, aseguró que no recibió respuesta alguna y que sufrió represalias dentro del municipio, incluyendo un descenso de categoría, traslado a otras dependencias y recortes salariales.

El foco principal de la acusación es Walter Pérez, mano derecha del ex intendente Posse y actual referente legislativo, quien en aquel entonces se desempeñaba como secretario de Tránsito, Urbanismo e Inspección General.

Barboza relató que presentó la denuncia inicialmente a sus superiores y, tras la falta de avances, la elevó directamente a Pérez en cuatro ocasiones, sin recibir ninguna acción concreta.

El ex empleado, de 62 años, remarcó su trayectoria de 26 años de servicio, que abarcó desde operario hasta inspector, con categorías y salarios acorde a su antigüedad y desempeño, y denunció la afectación de sus derechos laborales tras sus denuncias.

Por ello, solicitó al Concejo Deliberante que revise su legajo, reconozca las categorías quitadas, recalculen su jubilación en base a esos aportes y le otorguen una compensación económica por los daños sufridos.

Esta acusación se suma a otras irregularidades vinculadas a la gestión Posse, como el hallazgo reciente de patrulleros nuevos abandonados en un galpón, adquiridos en 2021 y nunca puestos en servicio.

El escándalo pone en tela de juicio la transparencia y gestión del municipio y abre una nueva polémica en el panorama político local, que todavía espera respuestas oficiales y avances judiciales.