Una jueza desestimó el testimonio de 37 testigos y cambió la acusación de femicidio por homicidio agravado

En una audiencia cargada de tensión, una jueza resolvió modificar la calificación legal en la causa por el asesinato de Valeria Roxana Lobos en la provincia de Neuquén. En desacuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella, la magistrada Carina Álvarez descartó el agravante de femicidio y sostuvo que el hecho deberá ser juzgado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La decisión vino acompañada de otro golpe procesal: la exclusión de 37 testigos por considerarlos improcedentes o sobreabundantes.

El imputado, Franco Montoya, está acusado de haberle disparado a Lobos con un arma de fabricación casera durante una discusión ocurrida en su domicilio de Centenario. La víctima agonizó durante 60 días en el hospital Castro Rendón, hasta que murió el 18 de diciembre pasado. Montoya admitió la autoría del hecho.

Sin embargo, Álvarez fue enfática: “No se puede ir a juicio a probar un femicidio porque no está acusado de femicidio, porque no se describió en la acusación un femicidio”, subrayó. La magistrada -según el diario La Mañana de Neuquén- criticó duramente la postura del MPF, señalando que intentaba forzar una figura penal que no había sido adecuadamente desarrollada en los términos legales requeridos.

“Nuestro sistema penal es de acto, no de autor. No se puede juzgar a Montoya por lo que hizo con sus anteriores parejas, sino por lo que le hizo a Lobos”, expresó al justificar la exclusión de testigos que iban a declarar sobre presuntos antecedentes de violencia de género del acusado.

La jueza también rechazó el pedido de juicio por jurados, al considerar que se trataba de un hecho ya reconocido y asumido por el imputado. A su criterio, someter el caso a un tribunal popular sería “un despropósito que implica tiempo, recursos y una expectativa ficticia para la familia”. En ese sentido, remarcó que la única controversia pendiente gira en torno a la calificación legal del hecho y no a la autoría.

Álvarez ya había anticipado su posición el pasado 3 de junio, cuando en una audiencia de control de acusación rechazó la figura de femicidio y la reemplazó por homicidio agravado con arma de fuego. Ahora, con esta resolución, consolidó su decisión y ordenó adecuar toda la prueba a esa calificación, advirtiendo que insistir con otro tipo de pruebas podría implicar “mala fe procesal”.

La jueza también se dirigió directamente a los padres de la víctima, presentes en la audiencia: “Como madre, no puedo imaginar el dolor que están padeciendo. Tampoco puedo imaginar el sufrimiento de Roxana durante los 60 días que estuvo internada por este hecho tan salvaje”. Y añadió que el Estado neuquino tiene una “obligación indelegable: garantizar un juicio justo”.

La resolución generó conmoción entre los familiares de la víctima y despertó críticas por parte de sectores que esperaban que el juicio sirviera para exponer patrones de violencia sistemática contra las mujeres. Álvarez, en cambio, insistió: “No toda muerte de una mujer es femicidio. Debe darse en un contexto específico de violencia de género”. Según argumentó, en la descripción del fiscal no se detallaron actos ni omisiones que configuren esa violencia, tal como exige la normativa vigente.

Para la magistrada, la prueba admitida ahora no servirá para acreditar el hecho —ya asumido por el acusado— sino para confirmar la responsabilidad que él mismo reconoció. Por ello, resolvió que sólo los elementos que aporten a ese punto serán valorados en el juicio, el cual se desarrollará ante un tribunal colegiado y no por jurados populares.

LN