Política Agropecuaria
30/06/2025 - Edición Nº874
Internacionales
Financiación en la mira
Vox recibió préstamos del MBH Bank: claves de un acuerdo polémico
30/06/2025 | Vox financió su fundación mientras recurría a préstamos del banco húngaro MBH, sin que se haya probado ninguna ilegalidad
Santiago Abascal, presidente de la Fundación Disenso.
Entre 2023 y 2025, el partido español Vox transfirió al menos 4,5 millones de euros a la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal. Al mismo tiempo, enfrentaba dificultades de liquidez y solicitaba créditos al banco húngaro MBH Bank, una entidad vinculada al gobierno de Viktor Orbán.
Las operaciones despertaron sospechas sobre una posible financiación extranjera ilegal, pero ninguna de estas acciones ha sido considerada delito por las autoridades judiciales, que determinaron que los fondos fueron otorgados como préstamos y no como donaciones.
Montos, deudas y devoluciones
En 2023, Vox solicitó un préstamo de 6,7 millones de euros al MBH Bank para costear la campaña de las elecciones generales. Un año más tarde, en 2024, solicitó otro crédito de 7 millones de euros para las elecciones europeas.
De ese segundo préstamo, al finalizar el año, el partido aún adeudaba más de 2 millones de euros, aunque ya había comenzado el pago parcial en 2025 y continúa cumpliendo con las condiciones pactadas.
Fondo clave: la Fundación Disenso
Mientras tanto, las transferencias a Disenso se mantuvieron constantes: 2,5 millones en 2023, 2 millones en 2024 y 1 millón en los primeros meses de 2025. Desde su creación en 2020, la Fundación ha recibido cerca de 9 millones de euros desde las arcas de Vox.
La fundación depende casi exclusivamente de esos fondos para su funcionamiento y se ha convertido en el principal aparato ideológico y cultural del partido.
Legalidad cuestionada, pero sin condena
El MBH Bank está al menos parcialmente controlado por el Estado húngaro, lo que motivó cuestionamientos sobre la legalidad de que un partido español recibiera créditos de una institución extranjera.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción archivó la causa al no encontrar indicios de financiación ilegal, aclarando que los fondos fueron préstamos comerciales con devoluciones pactadas, algunas de las cuales ya se han cumplido.
Críticas políticas y autonomía ideológica
A pesar de la legalidad formal, el episodio ha generado críticas políticas y preguntas sobre la autonomía financiera de Vox y su dependencia de estructuras ideológicas internacionales.
La Fundación Disenso, por su parte, ha expandido sus actividades en el ámbito cultural y mediático, siendo una de las principales plataformas ideológicas de la derecha populista en España.
Multa no relacionada y cierre del caso
En paralelo, el Tribunal de Cuentas sancionó al partido con más de 860.000 euros por haber recibido donaciones anónimas mediante ventas de merchandising en el pasado. No obstante, este hecho no está relacionado con los créditos del MBH Bank ni con la Fundación Disenso.
El caso sigue generando debate en el panorama político, pero no existe hasta la fecha ninguna sentencia ni acusación formal que implique delito alguno en la operativa de los créditos o las transferencias. Vox ha defendido la legalidad de todas sus operaciones financieras, remarcando que las deudas con MBH Bank se están saldando conforme a lo acordado.
La Fundación de Abascal: todo está muy bien hecho, nunca se podrá demostrar nada
— Lucio Martínez Pereda (@anluma99) June 28, 2025
Entre 2023 y 2025, Vox transfirió 4,5 millones de euros a la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, mientras atravesaba problemas de liquidez y recibía préstamos de un banco húngaro… pic.twitter.com/7bnUhZAmJD
Entre transferencias y dudas
La situación de Vox expone la fina línea entre la financiación legal y la legitimidad ética en la política europea actual. Aunque el respaldo financiero internacional no está prohibido si se enmarca en préstamos comerciales, los vínculos ideológicos entre partidos y gobiernos extranjeros como el de Orbán invitan a reflexionar sobre la autonomía de las fuerzas políticas nacionales. En este caso, sin embargo, no hay prueba de ilegalidad, y el marco institucional ha actuado conforme a derecho.
