
Desde el penal de Ezeiza, donde quedó alojado tras entregarse hace pocos días, el exsecretario de Obras Públicas durante los gobiernos kirchneristas solicitó cumplir su condena en prisión domiciliaria. José Francisco López alega padecer estrés postraumático crónico y sostiene que su condición de arrepentido en la causa Cuadernos debería ser considerada por el Tribunal Oral Federal 2 al evaluar su pedido.
El planteo se produce en un contexto judicial adverso para el kirchnerismo, luego del fallo de la Corte Suprema que deja a Cristina Fernández de Kirchner al borde de la detención efectiva. López —símbolo del escándalo por los bolsos repletos de dólares en un convento— vuelve así al centro de la escena, involucrado de lleno en la causa Vialidad junto a la expresidenta, Lázaro Báez y Nelson Periotti.
Su regreso a prisión, tras haber recuperado la libertad en 2021, ocurrió el pasado 17 de junio cuando se presentó voluntariamente en Comodoro Py. Ahora, su defensa busca que cumpla la pena en Río Gallegos, bajo arresto domiciliario, por razones psiquiátricas y procesales.
Los abogados argumentan que su diagnóstico de salud mental y su aporte a la investigación de Cuadernos lo convierten en un caso excepcional. Aseguran que López colaboró para “desentrañar una red estructural de corrupción” y que su testimonio tuvo un valor jurídico clave para la causa.
Más allá de esa defensa, el nombre de López continúa asociado al caso que lo convirtió en símbolo de la corrupción kirchnerista: los casi 9 millones de dólares que intentó esconder en un convento de General Rodríguez en 2016, junto a relojes de lujo, armas y otras pertenencias de alto valor.
Por ese episodio fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito y portación ilegal de armas. Tras cumplir buena parte de la pena, había accedido a la libertad condicional. La causa Vialidad, sin embargo, lo volvió a colocar en la mira judicial y lo llevó nuevamente tras las rejas.
El fallo que ahora cumple se vincula con el desvío sistemático de fondos a favor del empresario Lázaro Báez en más de 50 licitaciones públicas. La Justicia determinó que López, como funcionario central del Ministerio de Planificación, garantizó pagos irregulares a Austral Construcciones durante años.
La solicitud de domiciliaria aún no fue resuelta por el tribunal. Pero mientras el oficialismo busca desprenderse del peso simbólico de estas causas, el regreso de López al penal —y sus intentos por salir— reactivan uno de los expedientes más corrosivos para la memoria del kirchnerismo.