
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no dudó en poner bajo la lupa la custodia de Cristina Kirchner, denunciando públicamente una “connivencia” dentro del equipo encargado de proteger a la exvicepresidenta. La polémica estalló luego de que se viralizaran imágenes de un custodio con una campera de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela, símbolo de lealtades políticas cruzadas y posible infiltración ideológica.
Bullrich fue contundente: “Defender una custodia que en un momento tan importante ni se da cuenta de lo que está pasando muestra algo raro”. La funcionaria dejó entrever que la protección a Kirchner está lejos de ser un blindaje efectivo y alertó sobre las tensiones internas que atraviesan el círculo cercano de la exmandataria.
Más allá de la anécdota con la campera venezolana, la ministra explicó que ya se abrió una investigación interna para esclarecer cómo un agente de seguridad podía portar un símbolo ajeno a la fuerza policial argentina, en un contexto donde la confianza es clave y cualquier gesto fuera de lugar tiene consecuencias políticas.
En paralelo, Bullrich cuestionó la magnitud del operativo que protege a Cristina, señalando que el número de efectivos podría reducirse para optimizar recursos, en un guiño a la crítica pública sobre el uso excesivo de personal policial en este tipo de custodia privilegiada.
En un cruce directo con el oficialismo, la ministra rechazó las críticas de la titular del Partido Justicialista, a quien acusó de “responsable del máximo fracaso de la Nación” por permitir que un expresidente esté preso. Bullrich no esquivó confrontar y dejó claro que la cuestión de la custodia forma parte de una disputa política mayor.
La funcionaria vinculó además a un empleado municipal de Quilmes con el ataque de bolsas de estiércol a la casa del diputado José Luis Espert, y apuntó a la “acción meditada” y el agravante de que se trate de funcionarios públicos implicados en delitos de protesta violenta.
Con dureza, pidió la renuncia inmediata de la funcionaria Alesia Abaigar, señalada como autora material del ataque, y exigió la intervención directa del gobernador Axel Kicillof para que “no haya más doble vara” en el trato a funcionarios que cometen delitos.
El mensaje final de Bullrich fue claro: la seguridad de los espacios políticos y familiares debe ser prioridad, pero no a cualquier costo ni con protección cómplice. La ministra quiere desmantelar lo que considera un entramado de complicidades internas que operan en la sombra del poder.