
En junio de 2024 comenzó oficialmente el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, una fuerza autorizada por la ONU y liderada por Kenia. El objetivo era claro: contener la violencia criminal, restaurar el orden institucional y permitir elecciones. Sin embargo, doce meses después, el balance es crudo: apenas una fracción del contingente prometido está en el terreno.
El primer contingente keniano llegó en condiciones precarias. De los 2.500 agentes comprometidos, solo unos 900 están hoy en Haití. La logística no fue acompañada por infraestructura adecuada, y varios países que habían prometido refuerzos (como las Bahamas, Jamaica o España) han demorado o reducido drásticamente su contribución.
El control territorial de las bandas armadas no ha disminuido. Por el contrario, informes recientes indican que más del 80% de Puerto Príncipe permanece en manos de pandillas. La policía local está desbordada y muchas zonas son inaccesibles para funcionarios o personal de salud.
La violencia ha generado un desplazamiento interno que supera el millón de personas. Campamentos improvisados proliferan en la periferia de la capital. Se registran casos de violencia sexual, reclutamiento forzado y saqueos, mientras la economía informal se derrumba y los hospitales apenas operan al 40%.
Aunque la resolución de la ONU contó con el aval de EE. UU. y Europa, el apoyo financiero ha sido insuficiente. El fondo fiduciario especial creado para la MSS recibió apenas el 35% de lo necesario para un año de operaciones. Muchos cuestionan si se trató de una intervención a medias.
La tensión entre el gobierno interino haitiano y los actores internacionales se ha intensificado. El primer ministro Garry Conille, designado en mayo de 2025, ha reclamado más contundencia, incluso una misión de paz con mandato del Consejo de Seguridad. Pero China y Rusia se oponen a esa idea.
La Fuerza Nacional Progresista (FNP) exigió este lunes un cambio radical en el enfoque del Estado dominicano frente a la creciente crisis en Haití, solicitando al presidente Luis Abinader y al Congreso Nacional la declaratoria de un Estado de Excepción en la zona fronteriza, bajo… pic.twitter.com/bAgU3D92kj
— El Demócrata Multimedios (@eldemocratard) June 30, 2025
La crisis en Haití ha tenido un impacto directo en su país vecino, República Dominicana, que ha intensificado el control fronterizo en respuesta al aumento del flujo migratorio. El presidente Luis Abinader ordenó el despliegue de tropas, la construcción de un muro fronterizo y la implementación de deportaciones masivas, lo que ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos.
Desde 2024, más de 180.000 haitianos han sido deportados, muchos de ellos en condiciones precarias y sin procesos adecuados. Las tensiones bilaterales se han profundizado, mientras el gobierno dominicano prioriza su seguridad interna.
Sexual violence is often used as a weapon of war.
— UNICEF Haiti (@UNICEFHaiti) June 30, 2025
It destroys lives.
It leaves deep scars, sometimes invisible, but very real.
In Haiti, women and girls, many displaced, carry those scars in silence...
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La situación actual en Haití revela los límites de las intervenciones multilaterales sin apoyo sostenido ni hoja de ruta clara. La MSS nació con una función limitada pero grandes expectativas. Hoy, está atrapada entre falta de recursos, reticencia internacional y escalada criminal.
A un año del despliegue, el panorama es sombrío. Si la comunidad internacional no redefine su estrategia, Haití podría convertirse en un nuevo fracaso colectivo ante una emergencia humanitaria y política.