30/06/2025 - Edición Nº874

Internacionales

Crisis penitenciaria

Ecuador traslada a 26 presos peligrosos desde Guayaquil en medio de ola de fugas

30/06/2025 | El gobierno ejecutó un operativo para mover a reos vinculados al crimen organizado, tras nuevas fugas que agravaron la crisis carcelaria.



La madrugada del sábado 29 de junio, el gobierno ecuatoriano ejecutó un operativo de traslado de 26 presos de alta peligrosidad desde tres cárceles del complejo penitenciario de Guayaquil hacia otros centros en provincias no reveladas. La medida, anunciada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), fue respaldada por unidades de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en el marco de una estrategia para contener la violencia carcelaria y frenar el poder de las bandas delictivas.

Los internos trasladados estaban presuntamente involucrados en la planificación de secuestros, extorsiones y otras operaciones criminales desde el interior de las prisiones. Según el SNAI, los reos formaban parte de estructuras que mantenían control territorial en los pabellones y utilizaban teléfonos móviles, coimas y amenazas para operar con impunidad desde sus celdas.

Criminales reubicados

Los presos fueron removidos de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel Regional Guayas y el Centro de Detención Provisional Guayas N.º 5, todos situados en el complejo carcelario más violento del país. El operativo responde a investigaciones internas que detectaron vínculos entre los internos y nuevos planes de ataque o fuga, lo que justificó su reubicación inmediata como medida preventiva.

Aunque no se revelaron los destinos exactos, se sabe que algunos de los reclusos fueron llevados a centros penitenciarios de régimen cerrado en otras provincias, donde se espera que pierdan influencia operativa y se limite su comunicación con redes externas. El objetivo es desarticular las jerarquías criminales que persisten incluso tras las rejas.

El telón de fondo: caos estructural

Este nuevo movimiento carcelario ocurre en un contexto de crisis penitenciaria persistente en Ecuador, donde motines, fugas y masacres han convertido a las prisiones en zonas de guerra. Desde 2021, más de 500 internos han muerto en enfrentamientos entre bandas, incluyendo la masacre de 123 reclusos en septiembre de ese año en la Penitenciaría del Litoral.

El país vive bajo un estado de excepción en materia de seguridad desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno”. La medida justificó la militarización de las cárceles tras la fuga de Adolfo Macías, alias "Fito", líder de Los Choneros, una de las bandas más peligrosas del país.

Fugas recientes y alarma nacional

La semana anterior al operativo, se conoció la fuga de otro líder criminal, alias "Fede", quien logró evadir la seguridad del mismo complejo penitenciario disfrazado de militar. Esta fuga desencadenó una ola de detenciones internas y el inicio de investigaciones por corrupción dentro de las fuerzas responsables de la custodia.

El hecho reactivó las alarmas sobre la fragilidad del sistema penitenciario y la penetración de las mafias en el aparato estatal. Las autoridades temen que los presos sigan dirigiendo crímenes desde las cárceles o incluso escapen para retomar el control de sus organizaciones delictivas en libertad.

Reformas en el horizonte inmediato

Como parte de la respuesta gubernamental, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que el SNAI será reforzado con personal militar y policial en servicio pasivo, es decir, retirados. Esta estrategia busca cubrir el déficit de personal de custodia y recuperar el control de los centros penitenciarios más conflictivos.

La iniciativa también contempla el uso de tecnología de vigilancia, aislamiento de cabecillas y bloqueo total de señal móvil, una herramienta clave para impedir que los internos ordenen delitos desde prisión. Sin embargo, estas medidas enfrentan limitaciones logísticas y presupuestarias que podrían afectar su implementación efectiva.

Transparencia y derechos humanos

El SNAI aseguró que el traslado se realizó respetando los derechos fundamentales de los internos, sin que se registraran incidentes violentos. No obstante, organizaciones de derechos humanos han solicitado mayor transparencia sobre el paradero de los reos y garantías sobre las condiciones de su reclusión en los nuevos centros.

El organismo penitenciario no ha confirmado si los reos fueron separados de sus redes criminales conocidas ni si enfrentarán nuevas imputaciones por los delitos planificados desde prisión, lo que ha generado preocupación entre juristas y familiares.

La seguridad primero 

El traslado de estos 26 reclusos evidencia una política reactiva frente a la descomposición institucional del sistema penitenciario en Ecuador. Aunque el operativo puede aliviar tensiones temporales, difícilmente erradicará el control territorial de las mafias sin una reforma estructural profunda.

La probabilidad de que estas medidas sean efectivas sin acompañamiento judicial, presupuestario y social es baja. El Estado aún carece de una estrategia integral de seguridad carcelaria que no dependa exclusivamente de la fuerza militar o de traslados simbólicos.