YPF enfrenta una nueva realidad: ¿qué significa el fallo de EE.UU.?

La Justicia de Estados Unidos volvió a asestarle un duro revés a la Argentina por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska ordenó que el Estado argentino transfiera el 51% de las acciones de la petrolera a los beneficiarios del juicio.

Este juicio que lleva más de una década, en el que el país ya fue condenado a pagar más de 16 mil millones de dólares por haber violado las reglas de la estatización.

La medida se puede apelar, pero deja al descubierto el peso financiero y político de una decisión tomada en 2012, cuando Axel Kicillof, como viceministro de Economía y principal promotor de la expropiación, diseñó una operación sin respetar los estatutos de la empresa ni los procedimientos legales internacionales.

El “vamos por todo” de aquel entonces tiene hoy consecuencias concretas y millonarias. La decisión judicial establece que la Argentina debe depositar sus acciones clase D de YPF en una cuenta del Bank of New York Mellon y transferir la propiedad a los demandantes, encabezados por el fondo Burford Capital.

Este fondo adquirió los derechos para litigar en nombre de los antiguos accionistas perjudicados por la forma en que el Estado tomó el control de la compañía.

Preska fue tajante: la República controló de forma absoluta las decisiones estratégicas y financieras de YPF desde 2012 y ahora debe responder por ello. El control político se tradujo en responsabilidad jurídica y económica.

Este fallo se suma al ya lapidario dictamen anterior que condenó al país a indemnizar por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) al momento de tomar el control accionario.

Kicillof había minimizado entonces esa obligación, asegurando que no se pagarían cifras “ridículas”. Trece años después, la Argentina no solo enfrenta la multa más grande de su historia, sino también la pérdida del control mayoritario de su principal empresa energética.

La Sala de Apelaciones puede suspender los efectos de la orden, pero el daño ya está hecho. El Estado argentino vuelve a quedar expuesto internacionalmente por una decisión política irresponsable que hoy compromete el patrimonio nacional y erosiona aún más la credibilidad económica del país.

FS