
El vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores aliados atraviesa otra prueba de fuego. Este martes, el Ejecutivo lleva una nueva propuesta fiscal a los ministros provinciales, en un contexto de tensión creciente por la falta de respuestas a los reclamos por ingresos coparticipables y la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. La amenaza de que los mandatarios lleven su propio proyecto al Congreso ya no es un simple amague.
El encuentro se da en medio del silencio oficial, incluso mientras el Gobierno estaba concentrado en el fallo judicial de Nueva York por la causa YPF. Hasta anoche, no había señales desde el Ministerio de Economía ni de Guillermo Francos, lo que profundizó la desconfianza. “Se va a estirar hasta que la amenaza sea concreta”, advertía un operador cercano a varios gobernadores.
El fin de semana, un grupo de mandatarios se reunió por Zoom con jefes de bloque del Senado para afinar detalles de un proyecto alternativo, que impulsa dos demandas clave: una nueva fórmula de reparto de ATN con coeficiente coparticipable, y un esquema más justo para la asignación de fondos del impuesto a los combustibles. Aseguran que, si no hay respuesta, lo presentarán de forma unilateral.
En el Senado, el malestar se expresó abiertamente. El salteño Juan Carlos Romero le recriminó al jefe de Gabinete la falta de seriedad en las negociaciones, y advirtió que el proyecto tiene apoyo mayoritario. “No pueden pretender que los gobernadores presenten algo y los senadores lo ignoren”, sintetizó una fuente parlamentaria.
En la Casa Rosada algunos empiezan a preocuparse seriamente por el tono de la advertencia. Según admitió un asesor presidencial, “parece que el presidente todavía no toma dimensión del riesgo”. En paralelo, crecen las críticas internas por el estilo de conducción política, al que describen como “negociación sin acuerdos”.
La molestia entre los gobernadores no es solo por la caída de ingresos. También hay reclamos políticos, por gestos incumplidos, disputas electorales y falta de coordinación. En varias provincias, los mandatarios se sienten desairados pese a haber acompañado al oficialismo en votaciones clave. “La relación está agotada”, dijo sin rodeos una fuente del norte del país.
El caso de Corrientes se convirtió en un ejemplo de esa tensión. A pesar de semanas de negociaciones con el entorno de Karina Milei, el gobernador Gustavo Valdés no cerró alianza con el oficialismo para las elecciones del 31 de agosto. La interna entre el sector de Karina y el de Santiago Caputo habría trabado el acuerdo, según fuentes de ambos lados.
El mensaje de la cuenta oficial de La Libertad Avanza Corrientes, posteado en la madrugada del lunes, fue elocuente: “Hemos resistido operaciones hasta el último día”. La frase expuso la interna oficialista y dejó en evidencia el cortocircuito con los radicales. Tampoco cayó bien en el Gobierno la foto de Valdés con Mauricio Macri, lo que tensó más el vínculo.
Desde el entorno de Valdés afirmaron que el Gobierno pretendía aislar completamente al PRO, algo que el gobernador no aceptó. En paralelo, otros aliados como Peteco Vischi y Camau Espínola también se mostraron incómodos con el manejo electoral del oficialismo en la provincia. A pesar de las versiones, las negociaciones siguen abiertas.
Este martes será clave. Carlos Guberman, secretario de Hacienda, debe llevar una propuesta que logre evitar la fractura. En el Gobierno analizan dos caminos: cerrar con todos, o acordar solo con aliados selectos. Esta última opción ya generó malestar y podría abrir una crisis más profunda si no se contienen las demandas.