Los 5 frentes judiciales de Alexandre de Moraes contra el golpismo de Bolsonaro

Desde su ingreso al Supremo Tribunal Federal (STF) en 2017, Alexandre de Moraes ha dejado de ser una figura técnica para convertirse en uno de los actores más políticamente determinantes de Brasil. Su nombre resuena en debates sobre democracia, censura, libertad de expresión y control judicial, especialmente desde que asumió el mando de investigaciones contra el populismo digital extremista vinculado al bolsonarismo.

Su protagonismo se consolidó con el "Inquérito das Fake News", abierto en 2019, que persigue redes de desinformación, amenazas a instituciones y ataques al orden democrático. Desde entonces, Moraes ha liderado acciones que van desde la remoción de contenido digital hasta la detención de figuras clave del bolsonarismo, incluyendo la investigación al propio Jair Bolsonaro por intento de golpe tras las elecciones de 2022.

Redes sociales bajo asedio judicial

Uno de los frentes más visibles de Moraes ha sido su ofensiva contra plataformas digitales como X (antes Twitter), Telegram y servicios como Starlink. En 2024, el magistrado ordenó el bloqueo temporal de estas redes por no cumplir con decisiones judiciales que exigían eliminar contenidos extremistas y nombrar responsables legales dentro de Brasil.

La medida incluyó multas millonarias y la suspensión de servicios hasta que las empresas acataran. Este tipo de decisiones marcó un precedente internacional sobre el alcance de la justicia nacional frente a gigantes tecnológicos, aunque también desató un debate sobre los límites de la censura y la soberanía digital.

Confrontación con Elon Musk

El conflicto escaló cuando Elon Musk respondió abiertamente a las decisiones del STF, acusando a Moraes de "censura judicial" y asegurando que Brasil se encaminaba hacia una dictadura. El CEO de Tesla y SpaceX ordenó la reactivación de cuentas bloqueadas por orden judicial, exponiendo a su empresa a sanciones económicas y legales.

El enfrentamiento se tornó internacional cuando el Departamento de Estado de EE.UU. evaluó restricciones de visa contra autoridades que, según sus criterios, estarían limitando la "libertad de expresión protegida". Aunque el gobierno de Lula evitó apoyar estas restricciones, el caso de Moraes pasó a ser también una cuestión geopolítica.

Procesos por el intento de golpe de 2022

Otro eje clave de la acción de Moraes es el procesamiento de Bolsonaro y parte del alto mando militar por su implicación en un intento de golpe tras su derrota electoral en 2022. Las investigaciones apuntan a reuniones, documentos y movimientos logísticos que configurarían una conspiración para revertir los resultados.

En paralelo, ya se han dictado centenares de condenas por el asalto institucional del 8 de enero de 2023. Moraes ha defendido la necesidad de juzgar estos hechos como ataques a la democracia y no meros disturbios, buscando así blindar al sistema ante futuros intentos de ruptura institucional.

Terrorismo doméstico y narrativa del odio

El 14 de noviembre de 2024, un atentado suicida en la sede del STF conmovió al país. El atacante, vinculado a grupos bolsonaristas radicales, dejó un manifiesto donde culpaba a los jueces por la "persecución" del expresidente. Moraes responsabilizó a lo que denomina el "gabinete del odio", una estructura de comunicación informal que operó durante el gobierno de Bolsonaro.

Según el magistrado, estas redes no solo promovieron noticias falsas, sino que crearon un clima de odio que justificó la violencia política. Este episodio reforzó la narrativa del STF sobre la necesidad de cortar de raíz la desinformación antes de que se traduzca en actos violentos.

Críticas y apoyos dentro del STF

Aunque Moraes ha recibido críticas por supuestos excesos y acumulación de poder, la mayoría de los ministros del Supremo han respaldado sus decisiones. Lo consideran una respuesta proporcionada ante una amenaza sin precedentes. No obstante, hay voces que advierten sobre los riesgos de una justicia que actúa sin contrapesos.

Los defensores del juez argumentan que la democracia brasileña se encontraba en una situación de emergencia, y que su actuación evitó una regresión autoritaria. Pero también crece el debate sobre cuándo termina la defensa del orden constitucional y empieza la interferencia excesiva del poder judicial.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. 

Justicia y poder

Alexandre de Moraes ha consolidado un perfil de juez combativo, dispuesto a llevar al límite sus atribuciones para frenar el avance del extremismo digital. En un país que estuvo al borde del colapso institucional, sus decisiones se interpretan como una barrera eficaz, aunque también como una advertencia sobre el poder concentrado.

La pregunta de fondo es si esta estrategia será sostenible a largo plazo o si genera un precedente de intervencionismo judicial que otros actores podrán utilizar con fines menos nobles. En cualquier caso, la figura de Moraes marca un antes y un después en la relación entre justicia, tecnología y democracia en América Latina.