Merlys Oropeza: condenada por WhatsApp en un sistema judicial cuestionado en Venezuela

En Venezuela, la represión no se limita a las balas ni a las celdas oscuras. Hoy, el arma más peligrosa del chavismo es un expediente judicial. Con jueces y fiscales como ejecutores, el Estado utiliza el sistema de justicia para castigar disidencias, acallar críticas y sembrar miedo. El proceso legal se ha vuelto una herramienta de persecución al servicio de la dominación política.

El caso de Merlys Oropeza, condenada a diez años de prisión por mensajes privados de WhatsApp, es símbolo del actual deterioro. Se le imputó "incitación al odio", una figura tan vaga como arbitraria. Su "delito": compartir opiniones críticas. La sentencia confirma una lógica perversa: la ley no busca justicia, sino sumisión. Y los jueces no juzgan: castigan.

Casos que revelan el abuso

La situación de Oropeza no es excepcional. Rocío San Miguel, activista de derechos humanos, fue detenida y mantenida desaparecida durante días. Su caso generó alarma internacional, pero dentro del país impera el silencio forzado. El mensaje es claro: nadie está a salvo si el poder te señala.

A Yosida Vanegas, madre de un preso político, se la llevó la policía sin orden judicial. No hubo cargos claros, solo un castigo preventivo. La justicia se transforma en un acto de intimidación: si eres cercano a alguien que disiente, también puedes ser víctima.

Criminalización del pensamiento

El caso de Aidaliz Guarisma, académica señalada por sus críticas al gobierno, refleja la persecución del pensamiento crítico. No hay necesidad de actos violentos ni conspiraciones. Basta con hablar, investigar o escribir distinto para ser considerado "enemigo del Estado".

Lo mismo le ocurrió a Nakary Mena Ramos, periodista independiente acosada judicialmente por su cobertura sobre corrupción. Las redacciones se vacían por miedo, y el silencio se instala como norma. El periodismo libre se convierte en delito cuando la verdad incomoda al poder.

Militares y ciudadanos como blancos

Carla Antón Farías y Yusimar Montilla, dos militares, fueron condenadas por motivos políticos y recluidas en condiciones inhumanas. Su situación prueba que ni siquiera la institución castrense escapa al control judicial del chavismo. La justicia militar también se ha degradado a un simple instrumento de castigo.

En paralelo, Sofía María Sahagún Ortiz fue víctima de desaparición forzada. La ausencia de información oficial, sumada al silencio de los jueces, refuerza la impunidad. Estas desapariciones tienen un valor estratégico para el régimen: infundir miedo sin dejar rastros.

Complicidad judicial estructural

Estos casos no son errores aislados ni desviaciones individuales. Responden a una estructura de complicidad judicial, donde fiscales, jueces y cuerpos de seguridad actúan coordinadamente. El sistema está diseñado para reprimir legalmente a quien se desmarque de la narrativa oficial.

Jueces como los que sentenciaron a Oropeza no son funcionarios equivocados: son operadores de un modelo de castigo político. No administran justicia: ejecutan la voluntad del poder. Su misión no es garantizar derechos, sino eliminarlos selectivamente.

Reacción internacional y desafío moral

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y autor de esta denuncia, exige una reacción internacional firme. "El mundo no puede seguir siendo cómplice por omisión", señala. Frente a esta maquinaria judicial de terror, la resistencia moral se convierte en una obligación global.

El llamado no es solo a los gobiernos, sino a organismos multilaterales, universidades y medios. No se trata de ideologías, sino de derechos humanos fundamentales. En Venezuela, pensar diferente es motivo de cárcel. El silencio internacional agrava la tragedia.

Merlys Oropeza fue detenida el 9 de agosto de 2024, luego de que fuera denunciada por una publicación en facebook y whatsapp en la que opinaba sobre la jefa del clap. El 18 de junio fue condenada a 10 años de prisión en una decisión absurda y desproporcionada.
Libertad para ella pic.twitter.com/gT8Hj8WAkQ

— Manuel Azuaje R. (@Manuelfilosofia) June 23, 2025

Dictadura en Venezuela

La instrumentalización del sistema judicial venezolano representa una de las formas más insidiosas del autoritarismo. No requiere tanques ni fusiles: basta con expedientes, audiencias amañadas y jueces leales al poder. Esta sofisticación del control convierte a la ley en una trampa y al Estado de derecho en una farsa.

Mientras no se exija justicia real, estos "sicarios togados" seguirán operando impunes. Cada nuevo caso reafirma que la represión en Venezuela tiene toga, martillo y sentencia, pero ningún respeto por la ley.