
El Ejecutivo nacional continúa con su política de reducción del aparato estatal mediante un nuevo decreto que establece cambios en la estructura de distintos organismos descentralizados.
Esta vez, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que supervisa el uso y registro de armas de fuego, dejará de funcionar como ente autónomo y pasará a depender directamente del Ministerio de Justicia.
Según fuentes oficiales, la medida busca optimizar recursos y reducir costos operativos sin alterar las funciones centrales del organismo, que continuará con su tarea de control sobre materiales explosivos y armamento civil.
En paralelo, el Gobierno dispuso una reorganización interna en la Casa de la Moneda. Algunas de sus unidades pasarán a estar bajo la órbita de otros ministerios.
La decisión, en palabras de funcionarios cercanos al área económica, apunta a desmantelar estructuras que en gestiones anteriores que según aseguran, sirvieron para facilitar procesos de emisión desmedida de dinero.
Desde el oficialismo señalan que se trata de “otro paso hacia un Estado más eficiente y sostenible”, y remarcan que cada ajuste administrativo contribuye a consolidar el superávit fiscal, uno de los principales objetivos del presidente Javier Milei.
“La motosierra no se detiene”, afirmaron fuentes cercanas al Ejecutivo, en línea con la retórica que acompaña este proceso de recorte. Estas nuevas modificaciones se suman a una serie de medidas previas que ya habían reconfigurado decenas de organismos y reparticiones públicas desde el inicio de la actual gestión.
La meta sigue siendo clara: achicar el gasto estatal sin afectar funciones esenciales, según sostienen desde la administración nacional.
FS