
La política colombiana se vio sacudida esta semana tras la revelación de audios comprometedores del excanciller Álvaro Leyva, en los que se escucha su intención de derrocar al presidente Gustavo Petro en menos de veinte días. En las grabaciones, Leyva sugiere contar con el respaldo de sectores republicanos de Estados Unidos y plantea una estrategia para deslegitimar la presidencia, implicando incluso a la vicepresidenta Francia Márquez.
La reacción ha sido inmediata y contundente. Representantes de todos los partidos, incluidos críticos habituales del Gobierno, han rechazado el plan y exigido una investigación judicial. El caso, sin precedentes en la historia política reciente del país, pone en evidencia la fragilidad institucional bajo el mandato de Petro, quien ha denunciado reiteradamente una supuesta conspiración sin ofrecer pruebas hasta ahora.
La Constitución colombiana contempla mecanismos formales para la remoción del presidente, como el juicio político o la figura de la indignidad. Sin embargo, las propuestas de Leyva, registradas en los audios, apuntan a una destitución rápida y extrainstitucional, lo que vulnera las garantías democráticas. La idea de ejecutar este proceso en menos de tres semanas fue calificada por juristas como un "desvarío inconstitucional".
Leyva también menciona en las grabaciones supuestos contactos con figuras del entorno del expresidente estadounidense Donald Trump y del senador Marco Rubio, buscando respaldo internacional para precipitar la salida de Petro. Fuentes diplomáticas negaron cualquier vínculo con esa propuesta, dejando en claro que el planteamiento no pasó de una conversación sin peso institucional.
La reacción del espectro político colombiano ha sido unánime. Desde la izquierda hasta la derecha, figuras como Álvaro Uribe, Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y Vicky Dávila condenaron los hechos como un atentado contra la democracia. Sin embargo, esta unidad también refleja el cansancio frente a un Gobierno que ha exacerbado la polarización y ha utilizado sistemáticamente el discurso del enemigo interno.
Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez, supuestamente implicada en el plan, negó categóricamente cualquier participación. "No me presto a conspiraciones, mi compromiso es con el pueblo colombiano", declaró en una rueda de prensa. Su desmarque provocó aún más rechazo hacia las insinuaciones de Leyva, consideradas por muchos como misóginas y racistas.
El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza al conocer los audios. En su cuenta de X (antes Twitter), calificó la acción de Leyva como "la peor traición que haya vivido en su vida política". Sus palabras, sin embargo, se suman a un repertorio de denuncias que el presidente ha utilizado como estrategia de supervivencia política, ante la pérdida de respaldo popular y la ineficacia legislativa de su administración.
En un pronunciamiento oficial, el mandatario recordó que su Gobierno fue elegido democráticamente y que cualquier intento de derrocamiento por vías no institucionales constituye un delito contra la nación. Además, instó a la Fiscalía y a la Corte Suprema a investigar de inmediato los hechos.
Paradójicamente, el escándalo ocurre en medio del debate sobre la posible convocatoria a una asamblea nacional constituyente, propuesta por Petro como vía para profundizar las reformas sociales y consolidar una democracia participativa. Esta iniciativa ha sido vista por sus detractores como un intento autoritario, aunque sectores progresistas la defienden como una salida institucional y popular.
El caso Leyva cambia el equilibrio de ese debate: quienes antes denunciaban "intenciones dictatoriales" del presidente ahora deben enfrentar la evidencia de un intento real de golpe político. Pero también deja al descubierto que el propio Gobierno ha contribuido al clima de inestabilidad, al recurrir a discursos polarizantes y decisiones poco transparentes.
“De verdad que ¿alguien se cree en Colombia que Álvaro Leyva puede organizar un golpe de Estado contra Gustavo Petro? ¿Nos toman por tontos, nos creen químicamente idiotas?”: @saludhernandezm https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/NiGSvA3lgZ
— Revista Semana (@RevistaSemana) July 1, 2025
La revelación de los audios marca un punto de inflexión, no sólo por lo que dicen de Leyva, sino por la manera en que el Gobierno los capitaliza como herramienta política. El consenso en contra del intento golpista refuerza las bases democráticas del país, pero no exime al Ejecutivo de su responsabilidad en la crisis institucional.
Más allá de las posibles sanciones a Leyva, este episodio obliga a revisar el papel de un Gobierno que ha gobernado más desde la confrontación que desde el consenso. La democracia colombiana necesita menos discursos incendiarios y más resultados concretos.