Corrupción en Costa Rica: Corte Suprema apunta al presidente Chaves

La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica emitió este lunes un fallo que podría sacudir los cimientos del sistema político del país: solicitó formalmente a la Asamblea Legislativa que retire la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves Robles para que pueda ser juzgado por presuntos delitos de corrupción. El pedido incluye también al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

La medida representa un hecho inédito en la política reciente costarricense y coloca a las instituciones del país ante una prueba de fuego en materia de separación de poderes y respeto al debido proceso.

Acusaciones por desvío de fondos públicos

La solicitud surge de una investigación iniciada en abril por la Fiscalía General, que acusa a funcionarios del Ejecutivo de haber utilizado fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para pagar sobornos a un aliado político. Aunque los detalles del caso se mantienen bajo reserva judicial, fuentes del tribunal aseguran que existen pruebas sólidas de que el dinero público fue canalizado irregularmente.

El BCIE, principal fuente multilateral de financiamiento para infraestructura en la región, estaría implicado en una operación política que comprometió su transparencia, según los investigadores. Esta situación ha levantado alertas dentro y fuera del país.

Financiamiento electoral bajo la lupa

Además de este caso, el presidente Chaves enfrenta una segunda investigación relacionada con el financiamiento de su campaña electoral en 2022. Según la Fiscalía, podrían haberse cometido irregularidades graves, incluyendo aportes ilegales y triangulación de fondos.

Estos elementos han reavivado el debate sobre la falta de controles en la financiación de partidos políticos y han generado presión adicional sobre el Tribunal Supremo de Elecciones y la Asamblea Legislativa.

Decisión en manos del Congreso

En Costa Rica, el presidente goza de fuero constitucional mientras está en funciones, por lo que la Asamblea Legislativa deberá aprobar con mayoría calificada la eliminación de su inmunidad antes de que un proceso judicial pueda iniciarse. Dado que la oposición controla la mayoría del Congreso, fuentes políticas consideran "viable" que se habilite el juicio penal.

De aprobarse la medida, se abriría un proceso judicial sin precedentes que podría alterar la estabilidad institucional del país y generar tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Negación de los acusados y posibles penas

Las penas por los delitos imputados van desde dos hasta ocho años de prisión, según el código penal costarricense. Tanto Rodrigo Chaves como el ministro Rodríguez han negado categóricamente las acusaciones, y calificaron el fallo de la Corte como una "persecución política de sectores interesados en desestabilizar al gobierno".

Ambos funcionarios han reiterado su inocencia ante los medios y prometieron presentar pruebas que refutarán las acusaciones, aunque todavía no se ha hecho pública ninguna documentación al respecto.

Reacción nacional e internacional

La noticia ha generado una fuerte reacción en la opinión pública. Mientras algunos sectores celebran lo que consideran una muestra de independencia judicial, otros acusan a la Corte de actuar motivada por intereses ideológicos.

Organismos internacionales están monitoreando de cerca el caso, ante el riesgo de que derive en una crisis de gobernabilidad o en una polarización política aún más marcada de cara al próximo año electoral.

Noticia aquí: https://t.co/6TOhXIIuHe. | Igual que con el presidente Rodrigo Chaves, la Corte Plena solicitó al Congreso quitarle la inmunidad a Jorge Rodríguez Vives. pic.twitter.com/KM5IdBJOyJ

— Telenoticias (@Telenoticias7) July 1, 2025

Un posible punto de inflexión

Si el Congreso aprueba levantar la inmunidad, sería la primera vez en la historia reciente de Costa Rica que un presidente en funciones enfrenta un juicio penal. Este hecho marcaría un hito en la tradición democrática del país.

El desenlace podría redefinir el equilibrio de poderes en una de las democracias más estables de América Latina, con consecuencias que podrían perdurar más allá del actual mandato presidencial.