Crisis energética
02/07/2025 - Edición Nº876
Política
Causa Vialidad
El juez Gorini presentó un pedido de decomiso a Cristina Kirchner por $86.000 millones
02/07/2025 | El juez federal Jorge Gorini elevó ante la Corte Suprema el pedido de decomiso contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, por un monto base de 86.000 millones de pesos.
El Juez Jorge Gorini, fue el encargado de determinar el método de cumplimiento de la condena y ahora es quien presenta el pedido de decomiso millonario ante la Corte Suprema.
El requerimiento que presentó el Juez Federal, es correspondiente al perjuicio económico estimado en relación a la condena por maniobras sistemáticas de corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
En ese sentido, el pedido fue presentado al cuerpo de peritos contables del Máximo Tribunal y forma parte del proceso de ejecución de sentencia tras la confirmación de la condena a seis años de prisión dictada semanas atrás por la Corte.
Además de la ex mandataria, deberán responder otros ocho condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
De acuerdo con el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2, entre 2003 y 2015, el 86 por ciento de las obras viales financiadas por el Estado nacional en Santa Cruz fue adjudicado al Grupo Austral, propiedad de Báez, mediante procedimientos irregulares que incluyeron direccionamiento de licitaciones, simulación de competencia, pagos privilegiados y falta de controles.
La sentencia destacó que se trató de “una de las mayores afectaciones al patrimonio estatal judicialmente probadas en la historia del país”, y por ello se avanzó en el decomiso como mecanismo de reparación.
La base del cálculo pericial se sustentó en cinco obras seleccionadas como muestra, entre ellas tres tramos de la Ruta Nacional 3 entre Caleta Olivia y Rada Tilly, que según la causa, reflejaron sobreprecios y connivencia empresarial. A partir de esos datos se proyectó el daño general, incluyendo indicios de colusión y costos inflados.
Una vez que se establezca el monto actualizado, Gorini notificará a los condenados y les otorgará un plazo de diez días hábiles para abonar su parte proporcional. De no hacerlo, se procederá a la ejecución de bienes registrados a nombre de los implicados.
En paralelo, el fiscal Diego Luciani ya presentó un informe patrimonial de 40 páginas donde detalla propiedades y sociedades vinculadas a cada uno de los condenados.
